Declaración pública del Frente de Organizaciones de la Sociedad Civil de Puerto Rico en Contra de las Políticas Migratorias del Presidente Trump
Declaración pública del Frente de Organizaciones de la Sociedad Civil de Puerto Rico en Contra de las Políticas Migratorias del Presidente Trump y para exigir medidas de protección para la comunidad migrante
Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes hemos decidido conformar un frente unido para denunciar la crisis humanitaria generada por las órdenes administrativas firmadas por el presidente Donald Trump en enero de 2025, y para exigir que el gobierno de Puerto Rico proteja los derechos humanos de la comunidad migrante. Reconocemos y reafirmamos que todas las personas migrantes tienen derechos humanos y deben ser tratadas con dignidad y respeto. (Lea esta declaración en inglés AQUÍ).
Como Frente, afirmamos, denunciamos y exigimos lo siguiente:
Denunciamos que Puerto Rico se encuentra sumido en una profunda crisis social y política acrecentada ahora por el modelo de gobernanza por decreto, ejercido por el presidente Trump, que atropella los derechos civiles de nuestra población y particularmente de las personas migrantes que residen en nuestro archipiélago.
Repudiamos las órdenes de inmigración promulgadas en enero de 2025 por el presidente Trump, por ser racistas, selectivas, xenófobas e inhumanas. Estas órdenes ejecutivas no presentan soluciones reales a la política federal de inmigración y, por el contrario, provocan un ambiente de miedo en la población, produciendo un daño irreparable a familias, comunidades y a nuestra economía.
La información que han ofrecido públicamente las autoridades federales de inmigración indicaba que las intervenciones y detenciones bajo las órdenes ejecutivas de Trump estaban limitadas a personas que han cometido delito. Sin embargo, se ha intervenido con personas sin expediente criminal e incluso con estatus migratorio regular.
Nadie debería vivir en un constante estado de temor a ser detenido, arrestado y deportado sumariamente, lejos de sus seres queridos, sus familias y sus comunidades.
No hay razón en derecho que justifique que nuestro gobierno apoye las políticas de deportación masiva del presidente Trump, que violentan derechos fundamentales y pueden resultar en la separación injusta de familias.
Repudiamos las expresiones de que cada persona que ha entrado sin autorización es un criminal. Las personas que han entrado a nuestro archipiélago sin autorización de Estados Unidos tienen derecho a un debido proceso de ley. Cruzar una frontera no convierte a una persona en delincuente.
Nuestro gobierno debe concentrar sus esfuerzos en atender y resolver los problemas más acuciantes y críticos que vive Puerto Rico, incluyendo la crisis de vivienda y de servicios de salud, el desplazamiento, la privatización de nuestras costas, la falta de fondos para nuestra universidad pública, la protección de nuestra niñez, la crisis energética y nuestro actual estado de emergencia por feminicidios.
Cuando la Policía estatal realiza funciones que competen a las agencias de inmigración o facilita su trabajo, las personas pueden sentir temor y negarse a acudir a la Policía para solicitar ayuda o reportar violaciones a sus derechos. Esto provoca mayor inseguridad y pone en riesgo la vida de muchas personas, en especial de mujeres y personas víctimas de violencia de género.
Denunciamos que las personas migrantes que están participando como testigos o víctimas de delito sean reportadas o procesadas con el apoyo del Departamento de Justicia y de la Policía Estatal o Municipal. Ello viola la Ley 22 de 1988 que contiene la Carta de Derechos de Víctimas y Testigos. Esta Ley, en su Art. 18 (h) establece la obligación del Departamento de Justicia de proteger a víctimas y testigos. Se viola, además, la Ley 205- 2004 sobre confidencialidad del sumario fiscal.
Todas las personas en Puerto Rico, incluidas las personas migrantes, deben tener acceso a servicios de salud física y mental. Repudiamos y expresamos gran preocupación ante las expresiones de la gobernadora Jennifer González, sobre la posibilidad de negar servicios públicos, incluidos los servicios de salud, a la población migrante. Estas medidas promueven un estado de apartheid o segregación por origen nacional, permitiendo que parte importante de nuestra población no pueda acceder a servicios esenciales de salud.
Reafirmamos que el gobierno de Puerto Rico tiene el mandato constitucional de proteger los derechos fundamentales de las personas que residen en nuestro archipiélago. Su obligación primordial es asegurar que todas las personas se sientan seguras en sus casas, comunidades, lugares de trabajo, espacios de culto, en espacios públicos y privados. Esta obligación se extiende a toda la población, sin importar su estatus migratorio.
Es por todo lo anterior que exigimos:
1. Que se adopte una política pública del gobierno de Puerto Rico para la protección de la población migrante y sus familias. Esta política debe incluir:
a. Reconocimiento de los derechos humanos fundamentales de la persona migrante y de su derecho a una vida digna y segura en Puerto Rico, sin importar su estatus migratorio.
b. Garantizar que los servicios públicos del estado no deben negarse a persona alguna, sin importar su estatus migratorio, incluyendo servicios médicos, hospitalaria, educativos y cualquier otro servicio esencial del gobierno. Ningún funcionario público debe solicitar información sobre el estatus migratorio de las personas que reciben servicios del Estado.
c. Reconocimiento de espacios seguros, o lugares “santuario”, donde las autoridades de seguridad pública estatal y municipal no deben intervenir, excepto mediante orden judicial de allanamiento; incluyendo iglesias, templos, mezquitas, sinagogas, y lugares de expresión religiosa, escuelas y universidades, hospitales, clínicas de servicios médicos y psicológicos, centros de cuido de la niñez y personas envejecientes, centros comunitarios y centros de reunión, entre otros. Los lugares santuarios constituyen lugares seguros de refugio reconocidos por el derecho de gentes, incluso en tiempos de guerra, y son parte de las normas imperativas de derechos humanos que todo país viene obligado a respetar. Esta norma responde a valores superiores que son parte del derecho humanitario y del derecho de solidaridad entre los pueblos.
d. Una política clara de no participar, ayudar o facilitar el trabajo de las autoridades federales en la identificación, detención y arresto de personas migrantes sin documentación regular.
e. Adopción de medidas que fortalezcan y garanticen el derecho de las víctimas y testigos de delitos, independientemente de su estatus migratorio, de denunciar y recibir ayuda de las autoridades estatales sin temor de ser detenidas o trasladadas para su detención y arresto por parte de las autoridades federales de migración.
2. El Departamento de Educación debe asegurar que la niñez en edad escolar y sus familias, puedan acudir a las escuelas y centros de estudio sin temor a ser intervenidas por oficiales de inmigración. Los directores escolares, los maestros y maestras, y todos los funcionarios escolares deben conocer sobre esta política y tener guías claras para evitar la entrada de agentes de inmigración en las escuelas.
3. El Estado debe reconocer que bajo la Constitución de Estados Unidos y de Puerto Rico, no existe mandato que obligue al gobierno local a proveer asistencia en procesos de detención de personas con estatus migratorio irregular. El gobierno de Puerto Rico debe repudiar las medidas discriminatorias implementadas por el presidente Trump y ejercer su prerrogativa de NO unirse a las redadas u operativos de las agencias federales de inmigración.
4. El gobierno de Puerto Rico debe publicar cualquier acuerdo de colaboración que exista entre las agencias estatales y el gobierno federal con relación a la identificación, detención, arresto y procesamiento de personas migrantes.
5. El gobierno de Puerto Rico debe exigir de parte de las agencias federales de inmigración que no se permita la separación de familias, sobre todo cuando existen menores como parte del núcleo familiar.
6. El gobierno de Puerto Rico y las agencias de seguridad estatal y federal deben reconocer las protecciones fundamentales de personas migrantes de comunidades LGBTTIQ+ que vienen huyendo de sus países precisamente por ser parte de esta comunidad.
7. El gobierno de Puerto Rico debe hacer un llamado a los consulados y representantes de otros gobiernos que tienen presencia en nuestro país, para que se involucren en la protección de las personas migrantes, proveyendo asistencia consular y orientación legal.
8. El gobierno de Puerto Rico debe exigir que las agencias de seguridad pública estatales y federales cumplan con las garantías constitucionales que prohíben los registros y allanamientos irrazonables y sin orden judicial.
9. El gobierno de Puerto Rico debe exigir, y el gobierno federal debe proveer, información clara y completa sobre los lugares donde llevan a las personas que han sido detenidas.
10. Que el gobierno de Puerto Rico exija un protocolo claro de las detenidas por agentes de inmigración y sobre su reubicación, en los casos en que son trasladados fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. Deben informar el número de personas intervenidas y su paradero, y proveer estadísticas sobre los arrestos de los detenidos, incluyendo su nacionalidad, historial criminal, si alguno y estatus migratorio.
11. Que DHS y ICE provean información sobre sus protocolos de intervención en operativos para detener a personas migrantes sin estatus regular. El cese inmediato de redadas indiscriminadas, arbitrarias y discriminatorias que afectan a personas migrantes y no migrantes, debido a su acento, color de piel, nacionalidad o lugar de residencia.
12. Las organizaciones firmantes también hacemos un llamado a la prensa y medios de comunicación del país, a que realicen coberturas de manera continua y prioritaria sobre las violaciones de los derechos de la comunidad migrante en Puerto Rico. A su vez, interpelamos para que estas coberturas no reproduzcan narrativas discriminatorias, racistas y xenófobas que promuevan la criminalización de la comunidad migrante, ni justifiquen con la población estas acciones y violaciones de derechos por parte del gobierno federal.
Organizaciones firmantes:
ACLU Puerto Rico
Amnistía Internacional Puerto Rico
Ayuda Legal Puerto Rico
CAUCE UPRRP
Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT)
Colectiva Feminista en Construcción
Colegio de Abogados y Abogadas de PR (CAAPR)
Comisión sobre los derechos de las y los inmigrantes
Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad
Comité Dominicano de Derechos Humanos en Puerto Rico
Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico
Comité Promoción desarrollo Integral de la Asociación de Psicología de PR
Comuna Caribe
Coordinadora Paz para las Mujeres
Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho Interamericana
Delegación de Victoria Ciudadana - Legislatura Municipal SJ
Democracia Socialista
Escuela Graduada de Trabajo Social UPRRP
Facultad de Derecho de la Inter
Federación de Maestros de Puerto Rico
Federación LGBTQ+ de Puerto Rico
Frente Amplio de Acción Social
G-8 Inc (Grupo de las Ocho Comunidades Aledañas al Caño Martín Peña)
Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en Puerto Nuevo / Mesa Nacional Red CLAI
Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en University Gardens
Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico-Calle Arzuaga
Inter Mujeres; Colegio de Abogados y Abogadas
Junta Comunitaria Del Casco Urbano de Rio Piedras
Junta Iglesia y Sociedad Iglesias Metodista de Puerto Rico
Kilómetro 0
Liga de Ciudades de Puerto Rico
Oficina Legal de la Comunidad
Maestra Casa Dominicana Adultos Migrantes
Mesa de Diálogo "Martin Luther King Jr."
Movimiento Amplio de Mujeres de PR
Movimiento Anansé Inc.
Movimiento Victoria Ciudadana
PICSI ( Proyecto Integración Comunitaria San Isidro)
Primera Iglesia Bautista de Río Piedras- Mesa Nacional Red Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI)
Psico-Colectivo
Red Nacional de Albergues de Violencia de Género
Representación Organizaciones Estudiantiles Escuela de Derecho PUCPR
Revista étnica
Rodriguez Banchs, CSP Attorneys at Law
SIEMPRE VIVAS Metro
Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (UNETE)