DECIMOS SUS NOMBRES: Christian José Rodríguez y Javier Antonio Cordero Nevares
Christian José Rodríguez y Javier Antonio Cordero Nevares, dos jóvenes menores de edad, y sin antecedentes penales, fueron las últimas dos víctimas fatales del uso de fuerza policial. En ambos casos, el Estado ocultó las identidades de los oficiales involucrados en sus muertes, y no fue hasta días después que, por medios periodísticos, se revelaron.
Christian, un joven de 19 años de edad, conducía una motora cuando dos agentes de la Policía municipal de San Juan, Alberto Robles Concepción y Emanuel Ramos Pabón, alegando que tenía un rifle en una mochila, empezaron una persecución vehicular. Los agentes alegaron que el joven, mientras guiaba la motora, “hizo un movimiento con una mano para desenfundar el rifle” y dispararon contra él. Christian estuvo sobre once (11) minutos en el pavimento, herido de bala, sin recibir atención médica. Posteriormente fue declarado muerto. Fuentes de Kilómetro Cero han revelado que las autoridades confirmaron que el supuesto rifle no era un arma de fuego real.
Javier Antonio Cordero Nevares, un joven de 16 años de edad conducía un vehículo cuando tres patrullas de la Policía, bajo la alegación de que era hurtado, comenzaron una persecución vehicular. El vehículo se detuvo en una urbanización y, presuntamente, los oficiales le dieron el alto al menor. Bajo la alegación de que este utilizaría el vehículo para arrollarlos, seis agentes de la Policía dispararon en al menos 61 ocasiones. Javier, quien no portaba arma de fuego alguna, murió de quince heridas de bala.
La Policía de Puerto Rico actúa como si tuviese licencia para matar
El Negociado de la Policía de Puerto Rico tiene un largo historial de violaciones de derechos civiles y abuso sistémico contra la ciudadanía, en muchos de estos casos sus oficiales hacen uso de fuerza policial.
A pesar de que el Tribunal Federal de Estados Unidos en 2013 le aplicó una reforma a raíz de encontrar un patrón de violaciones a los derechos civiles, los cuerpos policiales en el País continúan interviniendo violentamente contra la ciudadanía. En Kilómetro Cero llevamos un monitoreo de estos casos para propósitos de análisis y abogacía pública.
Desde el 2014, al menos 84 personas han muerto por uso de fuerza policial en Puerto Rico. 18 de estas víctimas eran jóvenes de 21 años o menos.
En 2022, ya la Policía ha matado a 3 menores de edad: Obed Moisés García Beltrán, Christian José Rodríguez y Javier Antonio Cordero Nevares.
En nuestro más reciente informe, Licencia para matar, concluimos mediante el análisis de datos que la violencia policial es dirigida predominantemente a hombres, jóvenes y sin estudios, y a nivel geográfico, a vecindarios pobres y racialmente mixtos. En ninguno de los casos suelen presentarse cargos criminales contra policías, ya que cada vez que un policía mata a una persona, el gobierno lo justifica como “legítima defensa”.
Es evidente que en nuestro país existe una cultura de impunidad ante el abuso policial. En una sociedad que aspira a llamarse democrática, esto es inaceptable.
¿QUÉ SOLUCIONES PROPONEMOS?
Puerto Rico necesita una Policía profesional, cuyas acciones cumplan con los parámetros constitucionales, con perspectiva de derechos humanos y que sirva solo en los ámbitos estrictamente necesarios de la seguridad pública. También requiere de mecanismos independientes, confiables y transparentes de rendición de cuentas que aseguren la confiabilidad en este servicio público. Es urgente fomentar la transparencia en sus procesos, facilitar y asegurar el acceso a la información pública y comprometerse a erradicar las fallas sistémicas que permiten e incentivan las conductas delictivas entre sus oficiales. Toda instancia en que un/a integrante de la Policía enfrenta una sospecha de conducta criminal, negligente o cuando mata a una persona en cumplimiento de sus funciones, tiene que ser investigada por un ente externo e independiente, no por la misma policía. Si la investigación arroja exceso de uso de fuerza o ilegalidades, el Estado tiene que presentar cargos y procesar a esta persona, como a cualquier otra. De lo contrario, se incentiva la impunidad.
POR ESO ABOGAMOS POR:
Investigaciones administrativas y criminales independientes sobre toda conducta delictiva de parte de agentes a cargo de la seguridad pública. Las investigaciones administrativas deben llevarse a cabo a través de una entidad autónoma desvinculada de la Policía, con amplia participación ciudadana y peritaje técnico, como ocurre en cientos de ciudades y países en todo el mundo. Las investigaciones criminales deben ser efectuadas por una fiscalía especializada en delitos de funcionario/as de seguridad pública o una División de Derechos Civiles como la que existió en el pasado en el Departamento de Justicia.
Que se presenten cargos criminales a los agentes que abusan de la fuerza, violan las políticas constitucionales de la agencia, ejecutan castigos ilegales contra la ciudadanía y exhiben negligencia crasa en el desempeño de sus funciones.
Reducción significativa de los roles actuales de la Policía y de su presupuesto operacional. La Policía de PR ha demostrado que, ni siquiera bajo reforma, es capaz de intervenir legal y adecuadamente con la ciudadanía, especialmente con los grupos más vulnerables. Sus esfuerzos deben concentrarse en las investigaciones criminales y esclarecimientos de casos y deben reducirse sus intervenciones con la ciudadanía. El aumento presupuestario de al menos 26% que se ha otorgado a la Policía desde la llegada de la Junta de Control Fiscal debe re-invertirse en el bienestar de nuestras comunidades más marginadas, lo que se considera una verdadera medida de prevención del crimen.
Legislación que regule el uso de fuerza de los agentes de la seguridad pública.
Procesos rigurosos de supervisión del uso de fuerza en la Policía de Puerto Rico a nivel interno.
Transparencia absoluta y acceso a la información.
Creación de un sistema de respuesta de emergencias (911) que NO envuelva automática y exclusivamente a la Policía para atender casos de grupos vulnerables como son las personas con la salud mental comprometida, habitantes de calle, asuntos de la niñez, entre otros. Esta respuesta debe envolver a especialistas en trabajo social y profesionales de la salud. En Kilómetro Cero abogamos por desplazar recursos económicos de la Policía hacia este sistema de respuesta social.
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Kilómetro Cero es una organización sin fines de lucro. Aspira a un Puerto Rico donde el Estado proteja la vida humana, las libertades y la dignidad en la búsqueda de la seguridad pública, para una sociedad más democrática y justa.