Mucho consenso en poca sustancia: Un análisis de las propuestas de seguridad pública de los programas de gobierno de los partidos políticos en 2020
Kilómetro Cero, en su aspiración de que la promoción de la seguridad pública requiera de un Estado que proteja la vida humana, los derechos humanos y la dignidad, condujo un análisis de política pública de las propuestas de seguridad de los diversos partidos elaboradas en el año 2020, conociendo que los partidos políticos apenas cambian sus propuestas de política pública de cuatrienio en cuatrienio. Kilómetro Cero presenta este análisis con la esperanza de que de cara al desarrollo de sus nuevas propuestas para el 2024, cada partido pueda evaluar los fundamentos y los méritos de sus propuestas pasadas. Aquellos partidos políticos que deseen alejarse de un modelo punitivo de seguridad pública encontrarán en este análisis cuánto realmente se distancian de esas posiciones y encontrarán mejores argumentos para fundamentar sus propuestas.
Los programas de gobierno elaborados por los partidos políticos se presentan como un compromiso que quienes aspiran a gobernar el país adquieren con la ciudadanía. La preocupación ciudadana por el tema del crimen, la violencia y los asesinatos ha hecho que la seguridad pública aparezca como un asunto prominente en los programas de gobierno. Pero este compromiso con mejorar la seguridad pública no ha cambiado sustancialmente desde hace décadas. Los programas de gobierno presentan la seguridad pública como si fuera un asunto de combatir la criminalidad, y para esto argumentan que hacen falta más policías que estén mejor armados, mejores estrategias para identificar y acusar a los delincuentes y un castigo seguro con más años de cárcel. Básicamente, desde hace décadas un enfoque punitivo ha sido la norma de las propuestas de seguridad pública en Puerto Rico.
En las elecciones del año 2020 surgió un nuevo escenario político con candidatos independientes y nuevos partidos políticos que lograron ocupar escaños legislativos. Esto representó cierta apertura a nuevas posiciones para cuestionar y fiscalizar las tradicionales políticas punitivas de seguridad pública y para elaborar y proponer nuevas formas de garantizar la seguridad de las comunidades.
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