Policía arrestado en la redada federal tenía querella por discrimen racial e islamofobia

La ACLU en Puerto Rico, Colectivo Ilé y Kilómetro 0 denunciaron patrón abusador del agente

El agente Fernando Torres Galarza, quien fue arrestado y expulsado de la Policía por participar de gangas criminales, tenía también una investigación pendiente ante la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia Federal por hacer perfilamiento racial al presentar una denuncia criminal injustificada contra un joven afroamericano y musulmán, quien estudiaba Derecho en Puerto Rico.

Las presuntas violaciones de derechos civiles cometidas por Torres Galarza ocurrieron a partir de un bloqueo de carreteras el 19 de octubre de 2019, cuando la policía intervino con Raphael Dadud Jackson por guiar con el marbete vencido y le incautó el vehículo.  

La ACLU argumentó al Tribunal que el trato de la Policía correspondía a discrimen racial, islamofobia y represalia luego de que el joven acudió a buscar su vehículo de motor al cuartel de Canóvanas y reclamó sus derechos. La organización defensora de los derechos humanos presentó una querella ante la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia Federal, con una recomendación de que se sometiera al Negociado de Investigaciones Federales (FBI). 

Esta es la primera querella que la ACLU de Puerto Rico presenta por perfilado racial en Puerto Rico. A nivel de Estados Unidos, la ACLU impulsa campañas sociales para cambiar la cultura de detenciones y arrestos basados estrictamente en el color de piel y las características étnicas de la ciudadanía. Aunque las cárceles en Puerto Rico están llenas de personas negras, no existen estadísticas sobre la raza o color de piel de las personas intervenidas o procesadas criminalmente. 

Jackson y su familia tenían vestimenta musulmana al momento de la intervención y no hablaban español. “Jackson junto a su familia eran ocho en total; no cabían en una grúa; y además no tenían dinero para pagar la grúa... Luego de un intento infructuoso para que la Policía lo ayudara, decidió con su familia dirigirse a su hogar, caminando con sus seis hijos de los cuales el menor tenía dos años de edad”, lee la secuencia de hechos en una moción judicial.

La conducta intimidatoria y supremacista de Torres Galarza se manifestó no solamente durante la intervención de carreteras, sino posteriormente, cuando Jackson acudió al cuartel a recuperar su vehículo. El agente lo tuvo esperando 8 horas y le entregó una citación criminal por alegada obstrucción a la justicia, según documentos judiciales examinados por Kilómetro 0. 

“Lo que le hizo a mi cliente ese día [de la intervención] fue algo bien bochornoso: burlarse, no quererlo ayudar”, comentó el director legal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Fermín Arraiza. 

La ACLU intervino en favor de Jackson el 28 de octubre de 2019, llamando al entonces comisionado de la Policía Henry Escalera y al entonces secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, cuestionando que la Policía tuviera esperando durante 8 horas en el cuartel a un joven visiblemente negro, musulmán y extranjero. Jackson había acudido a buscar su vehículo tras renovar los derechos anuales de tránsito. 

Ese mismo día, Torres Galarza presentó una denuncia contra Jackson por alegada obstrucción a la autoridad pública bajo la premisa de que no proveyó su información personal y abandonó el lugar de los hechos. Sin embargo, hubo incongruencias y hasta falsedades en el testimonio vertido por el agente de las que luego se retractó en el contrainterrogatorio, según los documentos judiciales del caso. 

“El agente Torres Galarza indicó que la obstrucción a la justicia consistió en no proveer su información personal, lo cual no es correcto. Incluso, con la tablilla del vehículo ocupado y con el registro vencido, la dirección de Jackson era de fácil corroboración”, lee una moción del caso. Además, alegó que Jackson tenía actitud agresiva, cosa que fue desmentida por su supervisor.

Por su parte, Jackson contó que las órdenes de Torres Galarza durante el bloqueo de carretera eran “imprecisas e intimidatorias en lugar de claras y concisas” y se sintió amenazado por su forma de actuar. 

Durante el procesamiento criminal, Torres Galarza se mostró además hostil hacia el representante legal de Jackson. “Fui a hablar con él a ver si podíamos resolver el caso. Le molestó que preguntara por su supervisor. Se me pegó con actitud desafiante. Hubo un careo bien fuerte frente a la juez”, relató Arraiza.

El abogado recordó, además, que Torres Galarza vestía una camiseta con la calavera de Punisher, que era visible debajo del uniforme. Este personaje de Marvel Comics representa a un justiciero despiadado y sanguinario que ejecuta a los que considera culpables sin juicio previo.

“La Policía de Puerto Rico como institución tiene que tener mejor supervisión de sus oficiales, tratar de identificar fallas en el carácter y perfiles psicológicos de qué personas son aptas para estar en la fuerza. Ninguno de estos indicadores se están siguiendo en la práctica. Sobre todo, en el proceso de reclutamiento, pero posteriormente necesita de supervisión adecuada. Si no se da, podemos tener este tipo de resultados”, puntualizó Arraiza. 

Entretanto, Mayra Díaz Torres, tejedora de Asuntos Administrativos del Colectivo Ilé, entidad antirracista, resaltó que “la violencia policial es una crisis de salud pública”. Entonces, específicamente sobre Torres Galarza añadió: “Ese agente en cuestión —un criminal con uniforme— agredió de forma grave y repulsiva a una compañera activista en una protesta en La Fortaleza hace unos años atrás. La arrastró por la calle. No nos puede sorprender [su arresto]. Las organizaciones de derechos humanos y antirracistas lo hemos denunciado hasta la saciedad. La violencia con la que la policía interviene con ciertos cuerpos —de mujeres, hombres jóvenes, personas trans, con condiciones de salud mental, negros, etc.— es repudiable y criminal”. 

“La labor de Kilómetro 0 es valiosísima y debe ser protegida. Visibilizar las acciones criminales —racistas, xenófobas y patriarcales— debe seguirse haciendo. Merecemos vivir en dignidad”, añadió Díaz Torres.

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