Corrupción en la Policía: otro reflejo de la cultura de impunidad
Fernando Luis Torres Galarza, de 47 años y placa 24259, era agente de la Policía de Puerto Rico desde el 1996, y fue uno de los 56 arrestados el 11 de diciembre de 2024. Con 28 años de experiencia policial, enfrenta cargos de distribución de sustancias controladas y conspiración, por filtrar información de la Policía a integrantes de una organización que vendía drogas y armas, y está vinculada al homicidio de un policía, Eliezer Ramos Vélez, el 29 de marzo de 2024. Torres Galarza tiene varias investigaciones relacionadas a sus funciones dentro de la Policía.
Del banco de datos de informes de uso de fuerza de la Policía podemos extraer cuatro informes sobre los usos de fuerza que ejerció el agente Fernando Torres Galarza (placa 24259):
3 de mayo de 2020, en Carolina: El agente Torres Galarza y otro policía intervinieron con una mujer que tendría 52 años, por la ley de tránsito y por la orden ejecutiva de toque de queda 2020-038. Torres Galarza abrió el auto de la mujer, la esposó en el brazo izquierdo y roció gas pimienta en sus ojos, alegadamente por esta resistirse al arresto e intentar agredirlo en el pecho. Estaba desarmada. Vea este informe de uso de fuerza AQUÍ.
11 de septiembre de 2021, en Carolina: El agente Torres Galarza y un sargento intervinieron con un hombre que tendría 57 años, por la ley de tránsito. Torres Galarza transportó al hombre esposado a un cuartel, en donde forcejeó con él para esposarlo otra vez, tras alegadamente el hombre no hacer bien una prueba de alcohol y resistirse a ser esposado. Durante el forcejeo, el policía empujó al hombre contra una pared, ocasionándole una laceración encima de la ceja izquierda y un leve sangrado. El hombre no estaba armado al momento de la intervención, ni cuando estaba en un cuartel. Vea este informe de uso de fuerza AQUÍ.
11 de marzo de 2021, en Canóvanas: El agente Torres Galarza le realizó un “tiro compasivo” a una vaca que resultó lesionada tras una colisión vehicular. (Esto es una práctica bastante común). Vea este informe de uso de fuerza AQUÍ.
12 de enero de 2023, en Trujillo Alto: El agente Torres Galarza y otro policía llegaron a asistir a otro agente que le daba seguimiento a un hombre de 30 años, acompañado de una mujer, para arrestarlo. Torres Galarza apuntó con su arma de reglamento a una mujer, quien estaba dentro de un auto y acompañaba al hombre que buscaban, y luego la puso bajo arresto. El otro policía, que le apuntó al hombre, completó un informe de uso de fuerza aparte para el mismo incidente. Vea este informe de uso de fuerza AQUÍ.
El comisionado Antonio López Figueroa reaccionó de la peor forma que puede actuar una agencia pública: se desvinculó de las acciones de su policía y evitó cualquier reflexión crítica sobre los fracasos de la institución de la Policía. Un solo caso en el que un policía colabore con organizaciones vinculadas a crímenes violentos es otro para añadir a la larga lista de eventos que deben exigir la inmediata atención del Estado, así como los casos de policías feminicidas. Las acciones del agente Fernando Luis Torres Galarza, un hombre que dedicó más de la mitad de su vida a la Policía, deben tomarse como extensión de la cultura de impunidad y los códigos de silencio dentro de la Policía de Puerto Rico. Un arresto no va a traer reparaciones por los daños cometidos ni evitará que este suceso vuelva a ocurrir. Desatender las fallas sistémicas y la ausencia de mecanismos robustos, independientes, confiables y pertinentes de rendición de cuentas incentiva la impunidad y continúa lacerando la confianza en la Policía de Puerto Rico.
¿Qué dice nuestra documentación en Evidencia la Violencia? Ya esto ha sucedido.
Estos casos de arrestos de policías por corrupción o narcotráfico ocurren periódicamente. En nuestra herramienta de documentación de Evidencia la Violencia documentamos solo uno de estos arrestos, que enfatizamos por estar vinculado a la muerte por uso de fuerza policial de un ciudadano.
Hace nueve años un grupo de policías, conocido como “los suricatos”, fue arrestado por venta de armas y drogas ilegales, el uso de arrestos injustificados para el chantaje y la falsificación en investigaciones federales, entre otras acusaciones, el 30 de septiembre de 2015. Fueron presentados cargos de corrupción en el Tribunal Federal de San Juan. En ese caso, tres de esos policías arrestados estaban involucrados en la muerte por arma de reglamento de Jorge Luis Jordán Ortiz, un padre de familia que vivía en Barrio Obrero, en la noche del 26 de febrero de 2014.
En años recientes podemos señalar el ejemplo del caso del expolicía William Cintrón Rivera, quien mientras era miembro de la uniformada en 2019 hurtó 54 armas de un cuartel de Guayama. Fue arrestado dos años después, el 21 de enero de 2021 y acusado por un Gran Jurado federal por ocho cargos de robo de armas, manipulación de testigos y posesión de pistolas y municiones hurtadas.
Siete policías de distintas divisiones de drogas fueron arrestados por el FBI el 21 de mayo de 2018, también por corrupción. Se presentaron cargos además de venta de armas de drogas.
Estos solo son algunos ejemplos en años recientes, mas no son los únicos. Tan solo un caso como este debe ser suficiente para señalar otro grave problema en la Policía de Puerto Rico. Que existan múltiples arrestos de este tipo, y que ocurran periódicamente, refleja un fracaso que, como muchos otros de la agencia, la Policía se desvincula, evita evaluarse críticamente y se rehúsa a tomar responsabilidad. Ignorar el problema solo promueve la cultura de la impunidad.
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