Familiares de Shannel Colón Ponce presentan demanda civil por violación de derechos civiles
Al cumplirse un año desde que la joven Shannel Colón Ponce, de 23 años y quien atravesaba una crisis de salud mental, murió bajo la custodia del Departamento de Corrección, su familia inició una demanda por daños y perjuicios por violación de derechos civiles contra el Departamento de Corrección y su secretaria, Ana Escobar; el Negociado de la Policía de PR y su comisionado, Antonio López Figueroa; el Secretario de Justicia Domingo Emmanuelli y las empresas Physician Correctional y Puerto Rico Medical, entre otros demandados.
Tanto Jahaira Ponce y su familia como las organizaciones de derechos humanos ACLU de Puerto Rico, Kilómetro Cero y Proyecto Matria coordinaron la conformación del equipo legal que presentó la reclamación civil. Este está compuesto por los licenciados Fermín Arraiza Navas, director legal en ACLU Puerto Rico; y José Rodríguez Jiménez y Wanda Valentín Custodio, quienes ejercen la profesión legal en la práctica privada.
“Han sido tiempos muy restrictivos para las reclamaciones civiles desde la aprobación de la Ley PROMESA”, manifestó el equipo legal por vía de su portavoz. “No podemos permitir que Puerto Rico siga siendo un lugar exento de derechos civiles, donde el Estado no asume sus responsabilidades ministeriales, provocando así muertes de personas vulneradas sin que haya consecuencias legales por ello. Por eso hemos conformado un equipo legal para llevar este caso y otros similares, acción que debe abrir paso a cierto tipo de rendición de cuentas en un país donde hace años que prácticamente no existe ninguna”.
“La muerte de Shannel nos sigue consternando como el primer día”, dijo Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de la organización Kilómetro Cero. “La cárcel no es lugar para ninguna persona con una crisis emocional o de salud mental. Ya es evidente que las cárceles en Puerto Rico son lugares peligrosos, violentos y no cumplen con su función rehabilitadora. Por eso, vamos a utilizar todas las herramientas posibles para confrontar la violencia de estado y exigir adjudicación de responsabilidades y reparaciones para las víctimas”.
El 2 de junio de 2022, Shannel Colón Ponce fue encontrada muerta en la Cárcel de Mujeres de Bayamón donde se encontraba internada. Colón vivía con su madre e hija en el estado de Pensilvania, Estados Unidos de América. Para el mes de enero del año 2022, la joven comenzó a padecer de una condición mental e inestabilidad emocional para la que recibía tratamiento médico y que requirió de un proceso de hospitalización involuntaria en Pensilvania.
El 2 de abril de 2022, Colón Ponce viajó a Puerto Rico, su país natal. Continuaba con su condición mental, para la cual necesitaba tratamiento médico. El 19 de abril, su tía, que vivía en Puerto Rico, se enteró por los medios de comunicación de que ella estaba siendo vinculada al hurto de un vehículo de motor. Shannel le indicó a su familiar, Cheilian Rosario, que la estaban persiguiendo, por lo que, para escapar de sus perseguidores, había tratado de utilizar ese vehículo. La Sra. Rosario se percató de que Shannel estaba descompensada mentalmente por lo que coordinó una cita con la policía en la División de Vehículos Hurtados, para aclarar el asunto y buscar ayuda para su sobrina, que necesitaba estabilizarse mental y emocionalmente. La Policía optó por mantenerla bajo custodia por 48 horas, a pesar de que en ese momento no existía una orden de arresto en su contra. Todo se hizo sin la presencia de un abogado que velase sus intereses, a pesar de que en ese momento la Policía la consideraba sospechosa de un delito.
Los oficiales no orientaron a la familiar de Shannel sobre la alternativa de conseguir una orden para un ingreso involuntario a un hospital psiquiátrico que brindara tratamiento a la paciente y la estabilizara. Por el contrario, presentaron una denuncia en su contra y hubo una determinación de causa para arresto fijándose una fianza de $10,000, que no pudo prestar. La noche del 22 de abril se ingresó a Shannel a la Cárcel de Mujeres de Bayamón. Durante más de un mes no se le permitió a la familia ver a Shannel, quien denunció malos tratos de parte de policías y guardias penales.
El Estado alega que la joven se suicidó en unas circunstancias dudosas. Confinadas del Centro de Rehabilitación de Mujeres de Bayamón señalaron a las oficiales de Corrección como las personas que mataron a Shannel. Una comisión senatorial ha estado realizando una investigación pero todavía no se conocen sus hallazgos.
En Kilómetro Cero llevamos años abogando por:
Investigaciones administrativas y criminales independientes sobre toda conducta delictiva de parte de agentes a cargo de la seguridad pública. Las investigaciones administrativas deben llevarse a cabo a través de una entidad autónoma desvinculada de los cuerpos policiales, con amplia participación ciudadana y peritaje técnico, como ocurre en cientos de ciudades y países en todo el mundo. Las investigaciones criminales deben ser efectuadas por una fiscalía especializada en delitos de funcionario/as de seguridad pública o una División de Derechos Civiles como la que existió en el pasado en el Departamento de Justicia.
Que se presenten cargos criminales a los agentes que abusan de la fuerza o de su poder, violan las políticas constitucionales de las agencias de seguridad, ejecutan castigos ilegales contra la ciudadanía y exhiben negligencia crasa en el desempeño de sus funciones.
Creación de un sistema de respuesta de emergencias (911) que NO envuelva automática y exclusivamente a la Policía para atender casos de grupos vulnerables como son las personas con la salud mental comprometida, habitantes de calle, usuarios de drogas, asuntos de la niñez, entre otros. Esta respuesta debe envolver a especialistas en trabajo social y profesionales de la salud. En Kilómetro Cero abogamos por desplazar recursos económicos de la Policía hacia este sistema de respuesta social.
Reducción significativa de los roles actuales de las Policías y agencias de “seguridad” de su presupuesto operacional. La Policía de PR ha demostrado que, ni siquiera bajo reforma, es capaz de intervenir legal y adecuadamente con la ciudadanía, especialmente con los grupos más vulnerables. Sus esfuerzos deben concentrarse en las investigaciones criminales y esclarecimientos de casos y deben reducirse sus intervenciones con la ciudadanía. El aumento presupuestario de al menos 26% que se ha otorgado a la Policía desde la llegada de la Junta de Control Fiscal debe re-invertirse en el bienestar de nuestras comunidades más marginadas, lo que se considera una verdadera medida de prevención del crimen.
Procesos rigurosos de supervisión del uso de fuerza en la Policía de Puerto Rico a nivel interno.
Transparencia absoluta y acceso a la información.
Kilómetro Cero es una organización sin fines de lucro que aspira a un Puerto Rico donde el Estado proteja la vida humana, las libertades y la dignidad en la búsqueda de la seguridad pública, para una sociedad más democrática y justa.
La misión de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico es luchar en contra de las violaciones a las libertades civiles que garantizan nuestro ordenamiento jurídico. Luchamos en contra de dichas violaciones donde sea y cuando sea necesario. La mayoría de nuestros clientes son ciudadanos comunes y corrientes que han sufrido injusticias y han decidido defenderse.