Ante los anuncios del Gobierno sobre la reapertura del País tras 66 días de distanciamiento compulsorio por la pandemia de COVID-19, seguir extendiendo el toque de queda resulta insostenible, contradictorio e irrazonable. "El toque de queda ha sido impuesto por decreto ejecutivo, lo que dista mucho de ser un ejercicio democrático o constitucional. Por tanto, el gobierno de Puerto Rico no puede seguir descansando en una medida que restringe derechos fundamentales para atender un asunto de salud pública. A más de dos meses del toque de queda, y sin que la rama legislativa haya actuado para validar este decreto, la medida no puede seguir extendiéndose indefinidamente. El toque de queda, su penalidad y la manera como se ha ejecutado en Puerto Rico, no es una estrategia de salubridad sino punitiva, que criminaliza a la población en general y vulnera las garantías democráticas del País.
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