A 2 años desde que la Policía mató a Javier Antonio, no hay voluntad para la introspección en la Policía
Hoy se cumplen dos años desde el día en que la Policía de PR acribilló a Javier Antonio Cordero Nevárez, un adolescente de 16 años desarmado, que manejaba un auto hurtado aunque no tenía gravamen.
Nosotras en Km0 aún no nos reponemos de todo lo que pasó ese año pues, aunque documentamos once muertes por uso de fuerza policial, una cifra similar a años anteriores, en 2022 las policías de nuestro país mataron a cuatro jóvenes menores de edad, tres de ellos desarmados. Esto significó un aumento de 100% de lo que suelen ser las muertes de menores a manos de policías. No nos recuperamos de que hayan matado a Javier Antonio, el hijo de Sheila Nevárez. Ni de que policías municipales de San Juan mataran a Christian, de 19 años, hijo de José y Mónica, porque supuestamente creían que llevaba un rifle en la mochila cuando en realidad era un rifle de perdigones. No nos recuperamos ni tenemos interés en hacerlo.
El reciente fallo judicial que exoneró a los policías acusados por el asesinato de Javier Antonio Cordero Nevárez nos ha dejado con grandes cuestionamientos y reflexiones y es un recordatorio puntual de la impunidad que sigue reinando sobre la violencia policial de nuestro país. Javier se convirtió en otra víctima más de un sistema legal criminal que protege a sus miembros y perpetúa la impunidad.
En nuestra organización, no creemos en las cárceles, así que se nos hace difícil exigir justicia en los términos comunes en que solemos relacionar esa “justicia”. También sabemos que el sistema legal criminal protege formal e informalmente a sus miembros, por lo que no nos sorprendió demasiado lo ocurrido. No se utiliza la misma vara para evaluar la culpabilidad de quienes están legitimados por el estado para ejercer la violencia y se suele partir de la premisa, consciente o no, de que los agentes del orden público tienen algún compromiso con la seguridad pública. Sabemos que ese sistema no está diseñado para erradicar la impunidad policial.
Hay varias teorías sobre por qué este caso resultó en un ‘No causa probable’. Hay quienes creen que el Departamento de Justicia presentó cargos criminales contra los seis policías para aplacar la indignación ciudadana en año eleccionario pero que no dedicó sus mejores recursos a la investigación y presentación de los cargos. En pocas palabras, que “arrastró los pies” para apenas cumplir políticamente y ya. Otras personas piensan que la prueba era contundente, sobre todo para la mera scintilla de evidencia que se requiere en esa etapa del proceso judicial. Nosotras no sabemos quién tiene más razón que quién.
Para Kilómetro Cero, lo más desconcertante no es el No causa sino la absoluta ausencia de reflexión y de voluntad para imponer mecanismos internos de rendición de cuentas que ha exhibido la Policía de Puerto Rico. Seis policías recién graduados casi todos acribillan a un menor de edad desarmado, que no ha sacado un arma, que no ha apuntado, que no les ha disparado y que está en un carro que tiene GPS. La Policía pudo haber incautado el vehículo porque lo identificaron mientras estaba estacionado, sin nadie adentro, pero decidió esperar a que un jovencito se montara en él y lo persiguieron, según la fiscalía sin darle el alto o encender el biombo, hasta una calle sin salida. Allí, en lugar de arrestarlo, le disparan más de 60 tiros y lo matan.
El propio estado, por vía del Departamento de Justicia, hace una investigación y decide que hubo intención criminal de parte de esos seis agentes de la Policía al matar a ese adolescente. Existen dos vías para atender los abusos y excesos evidentes de esta acción policial: la vía criminal y la administrativa. La primera no fue exitosa. ¿Pero qué pasa con la segunda? Cuando los policías acusados fueron exonerados, la reacción de la Policía por vía de su Comisionado fue una de celebración y exaltación de las virtudes misericordiosas de “sus policías”. “Dios está con cada uno de mis policías”, dijo entonces Antonio López Figueroa, apelando a cualquier cosa menos al raciocinio para enfrentar una situación tan trágica: el crimen de estado de un niño desarmado, un niño que tenía madre, que tenía hermana y hermano, una tía, una abuela, amistades, sueños, derechos, un futuro, como la mayoría de los adolescentes de nuestro país.
Si existiera una verdadera voluntad de introspección y cambio en la Policía de PR (voluntad para grandes transformaciones no les voy a adjudicar porque tampoco es cuestión de recurrir a la fantasía), el Comisionado hubiese expresado un compromiso con corregir la situación a nivel interno, revisando los adiestramientos de uso de fuerza, los sistemas de supervisión, de detección temprana, imponiendo medidas disciplinarias para que las acciones que ya el Estado mismo estableció fueron excesivas y abusivas tengan consecuencias. Habría garantizado una investigación transparente para que todos, ellos y nosotras, institución y sociedad, pudiéramos conocer los hallazgos y las recomendaciones y revisiones a ejecutarse para asegurar que esto no vuelva a ocurrir o que, al menos, ocurra únicamente cuando no hayan otras alternativas razonables, legales y proporcionales.
El proceso administrativo dentro de la Policía nunca ha sido ni riguroso ni confiable, mucho menos independiente pero, en este caso, como en todos los casos de violencia policial que salen a relucir públicamente, la Policía demuestra que le preocupa más defender las ilegalidades de “sus policías”, que proteger a la ciudadanía del exceso de fuerza, el abuso de poder y la impunidad. Mientras esta sea la reacción oficial del Negociado de la Policía y tanto el tribunal como el monitor federal como los Departamentos de Justicia se lo permitan, la supuesta reforma de la Policía seguirá siendo un placebo exorbitantemente caro e, incluso, un hazmereir.
Nosotras, con la memoria viva de Javier, de Christian, de Obed, de Joban, de Anthony, Hernán, Francisco, de toda la gente que perdemos año tras año ante la violencia del estado, su abuso de la fuerza y del poder y ante la impunidad, continuaremos documentando, contando nuestros muertos, llamándolos por sus nombres, exigiendo justicia y luchando por el desmantelamiento de este sistema cruel de violencia e injusticia.
