Resumiendo: ¿Qué dice el 3er informe de cumplimiento del monitor federal de la Policía?
En este tercer informe de cumplimiento del monitor federal de la Policía, John Romero, la Uniformada registró retrocesos en prácticamente todas las áreas de la Reforma de la Policía. No es la primera vez. Sin embargo, al menos hasta el momento, su incumplimiento no ha tenido consecuencias legales en el proceso de Reforma que ya cumple 8 años. No pasa nada. La Policía no responde siquiera a las solicitudes de información del Monitor federal, se pone por escrito y todas las partes parecen pasar la página sin mayores problemas. Mientras tanto, la ciudadanía tiene que convivir con una Policía no profesional, que abusa de su fuerza y de su poder tanto en intervenciones individuales como en manifestaciones públicas, una Policía que no es capaz de hacer su trabajo ante las víctimas de violencia de género y que, en general, no está a la altura de las prácticas democráticas del siglo XXI.
El CMR-3 (tercer informe) comprende las fechas de abril a septiembre de 2020.
Profesionalización:
Si bien la Policía ha logrado algunos avances limitados en la profesionalización, principalmente en el desarrollo de políticas, necesita mejorar la ejecución de estas políticas y procedimientos para lograr un cumplimiento sustancial.
Uso de fuerza:
Debido a la falta de respuesta de la PRPB a las solicitudes de datos de la Oficina del Monitor, el Monitor no pudo verificar el cumplimiento de muchos de los requisitos de Uso de la Fuerza en virtud del Decreto de Consentimiento. Sin embargo, el Monitor ha determinado que la PPR no implementó las recomendaciones más importantes del CMR-2 (informe #2) relacionadas con el reporte del uso de la fuerza.
El Monitor federal nuevamente descubrió serias discrepancias en los números de los informes de uso de fuerza a nivel de todo el Negociado de la Policía de Puerto Rico, para las 13 áreas de comandancias.
Aunque la política actual del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) permite la práctica de combinar múltiples usos de fuerza en un solo informe, esto viola los requisitos del Decreto de Consentimiento y se desvía de las prácticas policiales generalmente aceptadas. Combinar múltiples usos de fuerza impide una investigación exhaustiva y adecuada de cada uso de fuerza para determinar si se justificó la acción y se adhirió a la política.
Registros y allanamientos:
La PRPB ha desarrollado políticas sobre arrestos, registros e incautaciones consistentes con el Decreto de Consentimiento y con las prácticas policiales generalmente aceptadas. Las órdenes de registro generalmente tienen una causa probable y pruebas de apoyo bien documentadas. Pero el Monitor está preocupado por el alto porcentaje de órdenes de registro realizadas durante este período, muchas de las cuales tuvieron resultados negativos (i.e., no se encontraron drogas ni se realizaron arrestos).
Igualdad de Protección y No Discriminación
Debido a la falta de respuesta del NPPR a la solicitud de datos de la Oficina del Monitor, el Monitor no pudo verificar el cumplimiento de muchos de los requisitos del Decreto de Consentimiento bajo el área de Igualdad de Protección y No Discriminación (sección VI del Acuerdo para la Reforma Sostenible del Negociado de Policía de Puerto Rico).
El Monitor se vio obligado a calificar al NPPR en incumplimiento con otras áreas del Decreto de Consentimiento debido a falta de información. El Monitor enfatiza la necesidad urgente de información sobre cómo el NPPR está abordando la reciente declaración de un Estado de Emergencia por violencia de género durante la pandemia [del COVID-19]. No obstante, la Oficina del Monitor se siente alentada por la declaración de emergencia pública del gobierno actual sobre este tema.
Políticas y procedimientos:
El Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) no ha obtenido la aprobación de la Oficina del Monitor ni del Tribunal en las actualizaciones de sus políticas durante el año pasado. Tampoco ha demostrado haber hecho disponible a su personal un manual actualizado con las políticas aprobadas.
Supervisión y Gerencia:
Debido a que la PPR no respondió a las solicitudes de datos de la Oficina del Monitor, el Monitor no pudo verificar el cumplimiento de muchos de los requisitos del Decreto bajo Supervisión y Gerencia. Las entrevistas y visitas de campo realizadas antes de la pandemia COVID-19 demostraron que, en algunas áreas policiales, la Policía carecía del número adecuado de supervisores de primera línea, por ejemplo, sargentos, lo que ha tenido el resultado de que agentes sin experiencia asuman el rol de supervisor. En algunos casos, los supervisores tenían a su cargo más de diez agentes. Sin embargo, la PPR no pudo proporcionar una lista de personal para validar esta observación a nivel de toda la oficina para el CMR-2 (Informe del Monitor #2). Esto también es válido para CMR-3 (Informe del Monitor #3).
Querellas civiles, investigaciones internas y disciplina
La Oficina del Monitor calificó al Negociado de la Policía (NPPR) en incumplimiento con varios párrafos del Decreto de Consentimiento debido a la falta de datos representativos. En respuesta a la solicitud del Monitor de una muestra de 54 investigaciones activas y cerradas de la SARP (Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Profesional), el NPPR solo brindó acceso a 24 investigaciones cerradas y 20 violaciones de ética adicionales. Aunque esta muestra limitada proporcionó datos sustanciales para el análisis del Monitor, estos 44 casos no correspondían a la muestra solicitada por la Oficina del Monitor y no fueron suficientes para generalizar los resultados a la totalidad de las investigaciones internas.
Vinculación comunitaria e información pública:
La Policía ha implementado mínimamente [la práctica de] policía comunitaria.
Tecnologías de información:
La Policía no ha ampliado su capacidad de tecnología informática desde el Primer Informe (CMR-1, Chief’s Monitor Report). El desarrollo y la capacitación de la tecnología informática no han progresado al punto en que la Policía pueda cumplir exitosamente con sus obligaciones policiales o trazar el cumplimiento en otras áreas del Acuerdo. Estas lagunas se exhiben a través de inconsistencias en los datos sobre uso de fuerza y en el incumplimiento en proporcionar datos en fechas acordadas, a los cuales la Oficina de la Reforma del Negociado debería tener acceso directo a través de sus sistemas de tecnología informática (y no tiene).
El retroceso de la Policía en el CMR-3 (Chief’s Monitor Report) demuestra una vez más que la Uniformada no puede cumplir con el Decreto de Consentimiento hasta que desarrolle completamente los sistemas de tecnología informática requeridos para monitorear su desempeño, capacitar al personal en estos sistemas y hacerlos completamente accesibles y operativos.
Aquí puedes leer el resumen ejecutivo en inglés.
Imagen tomada de http://www.aclu-pr.org/