“Ante estas situaciones de emergencia, urge la adopción de legislación que facilite la rendición de cuentas”: Carta abierta al Gobernador
1 de diciembre de 2021
Vía correo electrónico
Hon. Pedro Pierluisi Urrutia
Gobernador de Puerto Rico
La Fortaleza
San Juan, Puerto Rico
Estimado señor Gobernador:
Ante su consideración se encuentra el Proyecto de la Cámara 515, Ley para la Fiscalización y Rendición de Cuentas en Tiempos de Emergencia, cuyo propósito es promover que quien ocupe la gobernación ejerza con responsabilidad y prudencia los poderes extraordinarios conferidos ante un estado de emergencia. Este proyecto aspira a evitar que un estado de emergencia se extienda por más tiempo de lo necesario o que imponga medidas que interfieran con el ejercicio de los derechos humanos básicos.
Como Director de Investigaciones en Kilómetro Cero, hablaré en nombre de una organización que promueve que las agencias y dependencias del Estado protejan y garanticen la vida humana y la equidad social en materia de seguridad pública. En Km0 entendemos que este proyecto es beneficioso para el país y que urge que Puerto Rico cuente con legislación a estos fines. Ya que la discusión pública sobre este proyecto de ley ha sido relativamente escasa, nos dirigimos a usted para plantear los aciertos de este proyecto desde los principios básicos democráticos que nuestra organización defiende. Nuestro trabajo de documentación y análisis de los excesos de las agencias del Estado contra la ciudadanía y nuestra insistencia en la necesidad de establecer una cultura de rendición de cuentas y supervisión ciudadana independiente en la Policía de Puerto Rico, nos ofrece un ángulo particular para evaluar los méritos de esta legislación en tres asuntos específicos: la imposición de términos de tiempo para un estado de emergencia, la prohibición de suspensión de leyes o reglamentos y la imposición de procesos de rendición de cuentas.
No debe haber duda de que urge legislación que imponga que toda declaración de estado de emergencia tenga un término fijo de duración y que cualquier extensión a la misma sea debidamente justificada, como lo propone este proyecto. Nuestra experiencia reciente de la imposición de un toque de queda como medida de controlar los contagios por la Covid-19 fue un grave atentado contra los derechos humanos básicos. Este toque de queda iniciado el 15 de marzo de 2020 y levantado el 6 de mayo de 2021 en Puerto Rico fue el más largo del mundo durante la pandemia del COVID-19. Esto contrasta con la experiencia de otros países que, cuando adoptaron medidas similares, fueron sumamente cautelosos en su extensión. Peor aún, el toque de queda impuesto carecía de lógica científica pues, ante un cierre de la actividad gubernamental y comercial del país, con una orden de confinamiento, con la obligatoriedad del aislamiento de las personas contagiadas y la obligatoriedad de cuarentena de personas expuestas, un toque de queda que prohibía el libre tránsito de vehículos o personas por la vía pública, resultaba ser una medida de control social más que de control epidemiológico.
Kilómetro Cero tiene reservas sobre si es apropiado autorizar mediante legislación un estado de emergencia por más de seis meses, pues tememos que se corra el riesgo de normalizar un estado de excepción que finalmente facilite revertir las garantías democráticas conquistadas. Ahora bien, dado que bajo la situación actual en Puerto Rico no existe límite alguno de tiempo para un estado de emergencia, nos parece que esta legislación constituye un paso de avance.
La prohibición a que quien ocupe la gobernación pueda suspender unilateralmente leyes o reglamentos bajo un estado de emergencia no debe cuestionarse. Nos parece particularmente alarmante la adopción de órdenes ejecutivas que promovieron procesos expeditos para expedir licencias provisionales o especiales de armas a compañías de seguridad. La proliferación de armas en cualquier sociedad no garantiza su seguridad, por el contrario, resulta ser una evidente señal de fracaso en materia de seguridad pública.
La rendición de cuentas de manera periódica por parte de las agencias gubernamentales ante la ciudadanía, y por parte de quien ocupe la gobernación, ante la Asamblea Legislativa como promueve este proyecto de ley, es una práctica democrática necesaria. Le damos la bienvenida a cualquier medida que requiera que quien ocupe la gobernación haga referencia a estudios, informes o evidencia estadística que justifique las medidas tomadas bajo una situación de emergencia, así como a cualquier medida que exija que las agencias o instrumentalidades de la Rama Ejecutiva publiquen semanalmente en su portal electrónico todas las acciones que se tomen bajo el amparo de la situación de emergencia. Kilómetro Cero espera que la Rama Legislativa fiscalice el cumplimiento de esa medida, sobre todo en lo concerniente a la información de carácter público que el Negociado de la Policía se resiste a publicar aún cuando no hay situaciones de emergencia, como por ejemplo, los informes sobre el uso de fuerza policial. Es en tiempos de crisis que las prácticas de transparencia se hacen urgentes para evitar los excesos de las acciones gubernamentales bajo la excusa de la emergencia.
Al defender los méritos de este proyecto, Kilómetro Cero no quiere pasar por alto una notable deficiencia. Su Artículo 2 ofrece una definición que, en lugar de reconocer que las emergencias pueden ser causadas por eventos naturales o por la acción humana, adopta un nocivo lenguaje típico de la Guerra Fría, que hace alusión a la posibilidad de “fuerzas enemigas” que recurran al sabotaje o que usen “bombas, artillería o explosivos de cualquier género”. En Puerto Rico conocemos demasiado bien que ese lenguaje del enemigo se ha utilizado para la persecución, el carpeteo y la formulación de cargos criminales contra quienes asumen posiciones contrarias al partido de gobierno. Nos parece preocupante que el lenguaje de esta legislación sirva de excusa para legitimar prácticas de persecución que eran más notables en el pasado, pero que todavía hoy ocurren aunque de forma más sutil y disimulada. Entendemos que esta desacertada definición de emergencia no es razón suficiente para levantar objeciones ante un proyecto que promueve la transparencia y facilita la fiscalización en tiempos de emergencia.
El deterioro de nuestras instituciones públicas dedicadas a proteger la salud y la seguridad de la población, unido a la creciente desigualdad social y económica que experimenta nuestro país, aumenta la vulnerabilidad ante un evento natural o uno causado por la acción humana, lo cual puede convertirse en una emergencia nacional. Dada la actual situación global de cambio climático y ante la falta de una planificación adecuada en Puerto Rico, es de esperar que enfrentemos fenómenos para los cuales no estamos debidamente preparados debido a la negligencia gubernamental. Ante estas situaciones de emergencia — en cierta medida autoinfligidas— urge la adopción de legislación que facilite la rendición de cuentas. Toda persona racional que analice este proyecto reconocerá que sus méritos encaminan al país en una dirección correcta. Kilómetro Cero se pone a su disposición para aclarar con evidencia científica cualquier planteamiento que surja sobre los méritos de esta medida y su beneficio para el país.
Atentamente,
Luis A. Avilés, Ph.D.
Director de Investigaciones
Kilómetro Cero
