Pronunciamiento frente a la violencia policial en contexto de protesta social y emergencia sanitaria

Ante los hechos de violencia a manos de la policía registrados en Colombia, la violencia policial registrada por video en Guayaquil (Ecuador), ante el abuso y la impunidad frente a las víctimas del Estado en las protestas durante el segundo semestre de 2019 en Chile, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, México, entre otros; ante el uso extendido e indiscriminado de la fuerza en América Latina y el mundo, desde la Red Global Contra la Violencia Policial, nos pronunciamos en contra de la violencia policial y en soporte de la resistencia popular ante los estados opresores que utilizan los recursos públicos para arremeter en contra de su población.

Entre el 9 de septiembre y el 11 de septiembre de 2020, 11 personas han sido asesinadas por la policía nacional durante las protestas sociales en Colombia, que se desataron frente a la violenta muerte del ciudadano Javier Ordóñez en manos de siete agentes policiales que lo torturaron con descargas eléctricas en plena calle. Sin embargo, esta también es la respuesta de una sociedad que ha sido víctima del resurgimiento de una guerra histórica y que, en lo que va del año, ha presenciado más de 50 masacres documentadas en las que niños, campesinos, indígenas, afros y civiles han sido asesinados.

La protesta es un derecho que debe ser resguardado y garantizado por los gobiernos, es un medio de canalización de demandas y es la voz de la gente que lucha por su derecho a una vida digna. Cabe recalcar que la protesta es una oportunidad para propiciar el diálogo social con las autoridades gubernamentales, así lo expresan diversos tratados internacionales y la propia Declaración de Derechos Humanos. 

Expresamos nuestra solidaridad a las víctimas de los estados violentos que no han sido capaces de dar respuestas efectivas a las necesidades de su población y que, por el contrario, criminalizan, torturan, persiguen y asesinan a quienes levantan su voz.

La pandemia y la consecuente emergencia sanitaria lejos de haber sido una razón para que los gobiernos tomen acciones en beneficio de su población, han sido utilizadas como medio de justificación del abuso del poder. Las limitaciones a la movilidad se han convertido en el mayor cómplice de la impunidad al cerrarse las instancias judiciales, pero nuestra responsabilidad social es levantar la voz y pronunciarnos en contra de toda acción que limite el ejercicio de nuestros derechos y que convierta a la población en víctima de la indiferencia del Estado.

Los asesinatos de líderes sociales son crímenes políticos, los asesinatos de civiles en protestas sociales son crímenes políticos, la brutalidad dentro de las unidades policiales es un crimen político, el uso excesivo, desproporcionado y violento de la fuerza por parte de la fuerza pública también es un crimen político; crímenes de Estado que son y han sido responsables y parte activa de la violencia y desigualdad, que continúan siendo cómplices de una estructura que legitima la impunidad y la corrupción, y que premia y justifica los abusos policiales. La legislación inadecuada, los conflictos, el racismo y la discriminación no pueden convertirse en excusas para la violencia policial.

Dentro de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de las Naciones Unidas, se establece que la obligación máxima del Estado es proteger el derecho a la vida y que la utilización de medios letales siempre debe ser el último recurso, el cual debe ser cumpliendo los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad del uso de la fuerza establecidos en los instrumentos internacionales.

En ese sentido, rechazamos hoy y en todo momento la violencia estatal y nos unimos al grito del pueblo en rechazo de los abusos de poder.

Exhortamos a los Estados que se garantice el derecho a justicia a las familias y víctimas de este abuso policial con el fin de que se esclarezcan estos hechos de graves violaciones de derechos humanos cometidos por agentes del Estado. A garantizar una investigación célere, independiente y autónoma del poder Ejecutivo para que se garantice el derecho a verdad y justicia y no se genere un ambiente de impunidad, que condene a la sociedad a que estos hechos se repitan.

Además, hacemos un llamado a la comunidad internacional y las instancias supraestatales a pronunciarse frente al autoritarismo de los estados y exigir el cumplimiento de las normas internacionales que amparan los derechos humanos.

La violencia solo ha generado más violencia, por ello es necesario que las autoridades respondan de manera eficaz a la ciudadanía y los niveles de violencia desciendan. Incitamos a la ciudadanía a seguir documentando en video las agresiones policiales como una forma legítima de denunciar la violencia policial.

RED GLOBAL CONTRA LA VIOLENCIA POLICIAL

Quito, 17 de septiembre de 2020

Firman:

1. Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH – Ecuador

2. Temblores ONG – Colombia

3. Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – Seccional

Cundinamarca – Colombia

4. Campaña Defender la Libertad: Un asunto de todxs – Colombia

5. Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) –

México.

6. Fundación Centro Gumilla – Venezuela

7. Kilómetro Cero – Puerto Rico

8. Defender a quien Defiende – España

9. Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) – España

10.ILEX-Acción Jurídica – Colombia

11.Corporación Humanas – Chile

12.Observatorio de DDHH y Violencia Policial – Chile 13.Centro de Estudios Legales y Sociales – Argentina 14.PROVEA - Venezuela

15.Compañeros - México

16.Red de Abogados -Uruguay

17.CPAT - Colombia

18.Papo Reto-Brasil

19.Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas