En la actualidad, América Latina es una de las regiones del mundo más peligrosas para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, sin que las instancias gubernamentales hayan adoptado medidas extraordinarias para su debida protección. Al contrario, la situación se ha agravado por la adopción de normas restrictivas y regresivas que afectan el ejercicio de los derechos humanos. Entre las medidas más frecuentes, están: los límites al acceso a la información, a la participación, la justicia, la protesta social y la intensificación de la militarización, las cuales se profundizan particularmente en contextos extractivos; así mismo, el aumento de violencias por razones de género y los discursos de desprestigio en contra de quienes defienden derechos humanos. En la mayoría de contextos de violencia, los principales agresores continúan siendo agentes estatales, seguidos de delincuencia organizada y actores particulares, principalmente éstos últimos asociados a las industrias extractivas.