El gobierno de Puerto Rico incumple con certificaciones de fondos de recuperación CDBG al incurrir constantemente en el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos en diferentes protestas. La Policía también prohíbe continuamente la entrada de manifestantes pacíficos, mujeres, maestras, estudiantes y cabilderos ciudadanos al Capitolio en San Juan, Puerto Rico, durante la deliberación y aprobación de proyectos de ley críticos.
Con nuestras libertades no se juega. El toque de queda fue ilegal y violó nuestro derecho fundamental al movimiento. Las órdenes ejecutivas que lo crearon utilizan como base el artículo 15 de la Ley Núm. 211-1999 (derogada el 20 de octubre de 2017 por la Ley Núm. 20-2017). Ese artículo establecía los poderes del Gobernador para declarar emergencias pero no lo autorizaba a establecer medidas de restricción vía orden ejecutiva. Hablemos claro a los responsables del desastre y la violación de derechos: ¡Mi candado lo tranco yo!
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