Municipio de Guaynabo entrega información de policía municipal que mató a joven
San Juan, PR: Miguel Jiménez Candelario (#5-184) es el sargento de la Policía Municipal de Guaynabo que mató al joven Gabriel Febres de un disparo en la cara el pasado 9 de agosto en una intervención de tránsito. El oficial tiene al menos cinco querellas administrativas en su expediente, cuatro de ellas archivadas y una en la que recibió “orientación”.
El Municipio se había negado a proveer la información que le solicitó Kilómetro 0 el pasado 19 de agosto aduciendo que “este asunto está bajo investigación del Departamento de Justicia por lo que no podemos brindar información relacionada”. Tras la negativa a Km0, los abogados de la Clínica de Acceso a la Información de la Universidad Interamericana le otorgaron dos días al Municipio de Guaynabo para divulgar la información. La Clínica de Acceso a la Información representa legalmente a la organización de derechos humanos.
Kilómetro Cero exigió que se revelara el nombre y número de placa del sargento municipal de Guaynabo que mató a Gabriel Febres Benítez, un joven de 23 años, cuando un oficial municipal de Guaynabo le disparó en la cara por no obedecer el “alto de los oficiales” durante una persecución vehícular. Febres Benítez, quien residía en Toa Alta, estaba desarmado.
“Exigimos el nombre, número de placa y el historial administrativo del agente municipal de Guaynabo que mató a Gabriel Febres Benítez porque eso es información mínima para los procesos de rendición de cuentas que deben entrar en vigor cada vez que un agente del Estado mata a una persona. Matar a alguien y ni siquiera divulgar la identidad de quien lo mata a nombre del Estado es un acto perverso, de absoluta irresponsabilidad y una seria amenaza a la aspiración democrática de nuestro país”, dijo Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de la organización de derechos humanos
Además del nombre y número de placa, la organización también solicitó una lista de todas las querellas administrativas presentadas contra el Sargento y el saldo de cada una de esas investigaciones administrativas y qué sanciones o medidas disciplinarias se impusieron.
El sargento Miguel Jiménez Candelario tiene al menos 5 querellas administrativas en su expediente por conducta impropia (2), arresto ilegal, persecución y accidente en vehículo oficial. Todas terminaron archivadas, excepto la de accidente en vehículo oficial, por la cual recibió una “orientación”.
“Lamentablemente, en nuestra experiencia, subestimar y prácticamente ignorar estas querellas es la norma en todos los cuerpos policiales, luego nos preguntamos por qué existe una cultura generalizada de impunidad en todos los departamentos de policía”, añadió Mari Narváez. “Por eso en Km0 exigimos investigaciones administrativas y criminales independientes sobre toda conducta delictiva de parte de agentes a cargo de la seguridad pública. Las investigaciones administrativas deben llevarse a cabo a través de una entidad autónoma desvinculada de la Policía, con amplia participación ciudadana y peritaje técnico, como ocurre en cientos de ciudades y países en todo el mundo. Mientras la práctica sea archivar las denuncias de la ciudadanía cuando se considera que ha habido un abuso de poder o acto violento de parte de un agente del Estado, las agencias de ley y orden seguirán protegiéndose y alimentando la impunidad”.
Por otro lado, los cuestionamientos sobre la proporcionalidad, legalidad y razonabilidad de estas intervenciones siguen siendo los mismos”, añadió Mari. “Pasarse un alto de la Policía NO puede ser razón para que nos maten. El historial administrativo de ese oficial es vital para que tanto la ciudadanía como el Municipio puedan evaluar sus acciones”.
El pasado 19 de agosto, Kilómetro 0 solicitó al Municipio de Guaynabo que revelara el nombre y número de placa del sargento municipal que mató a Gabriel Febres Benítez. Tras la negativa del Municipio de divulgar la información, los licenciados Luis José Torres Asencio y Steven Lausell enviaron una carta exigiendo se produjera el nombre, número de placa, y una lista de todas las querellas administrativas presentadas contra el sargento,incluyendo fecha de presentación, la categoría o tipo de querella, la fecha de adjudicación o disposición final de la querella, el resultado, y la sanción o medida disciplinaria impuesta contra el sargento, si alguna.
Los abogados argumentaron que la información solicitada es pública, “la pendencia de una investigación por parte del Departamento de Justicia no cambia la naturaleza de la información solicitada como documento público y confidencial. Ocurre lo mismo, por ejemplo, cuando el Departamento de Justicia comienza una investigación criminal relacionada a la otorgación de una subasta o contrato gubernamental. El que ciertos documentos públicos, como el contrato y el aviso de adjudicación de la subasta, se utilicen como parte de la investigación, no cambia la naturaleza de esos documentos, sino que estos continuarán siendo documentos públicos. lgual tratamiento amerita la información y los documentos objeto de la presente solicitud. Como resultado de todo lo anterior, procede la entrega inmediata de la información solicitada por Kilómetro 0”.
Ayer lunes 7 de octubre, cuando se cumplía el plazo de entrega, el Municipio envió la información a Kilómetro 0.
Este año, ya son al menos siete (7) las muertes por uso de fuerza policial que Km0 ha documentado. Cinco (5) de estas 7 personas muertas durante intervenciones policiales o bajo custodia NO portaban armas de fuego. (Puede acceder a nuestro banco de datos de víctimas fatales de la Policía desde 2014 aquí).
Los hechos de este caso ocurrieron alrededor de las 10:00 p.m. del viernes 9 de agosto de 2024, cuando agentes municipales de Guaynabo supuestamente intentaron detener el vehículo Honda Accord gris que conducía Gabriel Febres Benítez, quien alegadamente hizo caso omiso a las señales de alto.
El informe de la Policía citado en los medios no proveyó el nombre de la víctima ni explicó cómo murió, sino que brevemente detalló que el joven “falleció” al final de la persecución que comenzó en el Expreso Martínez Nadal y culminó frente al supermercado Amigos en la carretera PR-177.
El Vocero fue el único medio que proporcionó tanto la identidad de la víctima como detalles específicos sobre el disparo que lo mató, reportando que Gabriel Febres Benítez recibió “un balazo en la cara mientras era perseguido por agentes de la policía municipal de Guaynabo”.
El Vocero también reportó que los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) se hicieron cargo de la investigación en la que informaron que “el agente que disparó optó por guardar silencio para no incriminarse”. El fiscal a cargo de la investigación, Carlos Gómez, ordenó ocupar el arma.
La Policía alega que la persecución provocó daños a cuatro vehículos antes de la intervención final en Bayamón.
En Km0, abogamos por:
Investigaciones administrativas y criminales independientes sobre toda conducta delictiva e impropia de parte de agentes a cargo de la seguridad pública. Las investigaciones administrativas debe llevarlas a cabo una entidad autónoma de la Policía con amplia participación ciudadana y peritaje técnico, como ocurre en cientos de ciudades y países en todo el mundo. Las investigaciones criminales debe efectuarlas una fiscalía especializada en delitos de agentes del orden público.
Que se presenten cargos criminales a los agentes que abusan de la fuerza, violan las políticas constitucionales de la agencia, ejecutan castigos ilegales contra la ciudadanía y exhiben negligencia crasa en el desempeño de sus funciones.
Legislación que regule el uso de fuerza de los agentes de la seguridad pública.
Procesos rigurosos de supervisión del uso de fuerza en las diversas Policías del país, a nivel interno.
Transparencia absoluta en la información.
Creación de un sistema de seguridad vial que NO envuelva a las Policías. La seguridad vial debe estar a cargo de equipos desarmados, enfocados en salud pública y reducción de daños. Demasiados casos de muertes por uso de fuerza policial ocurren a raíz de intervenciones administrativas de tránsito. Que la policía sea responsable de la seguridad vial es un riesgo para la ciudadanía, especialmente para grupos vulnerables como son la juventud, las personas negras y personas de vecindarios empobrecidos.
Que el manejo de crisis de salud mental en Puerto Rico esté a cargo de personal capacitado y NO de la Policía. Llamar a la Policía en estas situaciones es un riesgo mayor para la persona en crisis, su familia y su comunidad. NO es rol de las policías estatales, municipales o penales manejar crisis emocionales o de salud mental. Exigimos que los casos de crisis, salud mental se atiendan con personal salubrista capacitado y con la diligencia y sensibilidad que ameritan. Para más información, visite: www.quenosealapolic
Desplazar recursos económicos de la Policía hacia este sistema de respuesta social. Exigimos se dispongan los recursos para ofrecer una verdadera respuesta de emergencia a nuestras personas más vulnerables.
Kilómetro Cero es una organización sin fines de lucro que aspira a un Puerto Rico donde el Estado proteja la vida humana, la libertad y la dignidad, para una sociedad más justa y democrática. Como parte de sus áreas programáticas, realiza investigaciones periódicas sobre violencia del Estado, documenta casos y aboga por la reducción del uso de fuerza y la represión del Estado.