Brigada Legal y Km0 exigen rendición de cuentas contra escoltas de Romero que agredieron a jóvenes y les robaron celular
Las organizaciones Brigada Legal Solidaria y Kilómetro Cero exigieron hoy acción pro activa y rendición de cuentas por el robo y la agresión de dos escoltas del alcalde de San Juan, Miguel Romero, contra dos jóvenes que se manifestaban públicamente anoche, a la salida de un juego de los Cangrejeros en el Coliseo Roberto Clemente.
Los dos miembros de la escolta de Romero, que se presume son policías municipales de San Juan, comenzaron a atacar a los querellantes, quienes estaban expresándose libremente, llamando “corrupto”, “pillo” y “nadie te quiere en San Juan” al Alcalde de San Juan y a quienes el mismo Alcalde les contestó “estúpidos”, entre otras cosas. A la joven Camila, quien grababa la agresión, otro escolta le robó su celular, arrebatándoselo de las manos y causándole agresiones. Esto último puede constituir un delito grave por robo agravado e incluso destrucción de evidencia.
Al joven Juan Carlos Dávila lo agredieron tomándolo del cuello por la espalda y tirándolo contra el piso, técnica prohibida por la Reforma Policial, y que es constitutivo del delito de agresión. Tanto los querellantes como la Licenciada Yarelisse Latorre y el Licenciado Manuel Moraza tuvieron que pasar toda la noche tratando de que la Policía de Puerto Rico tomara ambas querellas y finalmente lo lograron. La Agt. Cintrón, número de placa 29666, fue la persona quien hizo la querella y la entregó a las 3:30am en el CDT de Puerto Nuevo, donde los querellantes fueron atendidos, y luego citados a la División de Robos del CIC de San Juan hoy a las 8:30am. Allí se reunieron con el Agt. Rubio Mena y el Sargento Martín Ríos Morales, acompañados de su representación legal.
Es importante aclarar que, contrario a las declaraciones del Comisionado de la Policía Municipal de San Juan, José Juan García, quien no estuvo presente en el incidente ni mientras se hacía la querella, entre 10:45pm y 3:30am, que sus denuncias son contrarias a los hechos que establece la denuncia y que, en efecto, sí hubo agresiones de parte de los escoltas hacia los querellantes. Próximamente, organizaciones y personas abogadas harán lo propio en el Buró Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés.
“Lo que ocurrió anoche en el Roberto Clemente es muy serio”, señaló el Lcdo. Manuel Moraza. “Se trata de un delito de robo agravado según el Artículo 190(c) del Código Penal porque se causó daño físico a la víctima. Veinticinco años de pena fija de cárcel y no cualifica para sentencia suspendida”, añadió.
“La libertad de expresión en Puerto Rico está permanentemente amenazada y su principal amenaza es, precisamente, las policías del País, independientemente de las supuestas reformas a las que se han sometido”, manifestaron las portavoces de ambas organizaciones. “La ciudadanía tiene derecho a grabar a los funcionarios en espacios públicos. A falta de circunstancias especiales, un oficial no está autorizado a robar ni confiscar celulares a las personas que graban. En Riley v. California (2014) el Tribunal Supremo de EEUU resolvió que, para entrar al contenido de un celular, en busca de evidencia contra su dueño, se requiere que, mediando causa probable, el oficial obtenga una orden judicial de registro y allanamiento”. Como organizaciones que promueven la protección de la libertad de expresión en Puerto Rico, exigimos que el Departamento de Justicia y las agencias policiales lleguen a las últimas consecuencias contra los presuntos policías que agredieron al joven Juan Carlos y que robaron el celular de la joven Camila.
Las democracias dependen de que el Estado garantice los derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Una Policía que se concibe impune y agrede y roba un celular a personas que ejercen su derecho a la protesta para destruir evidencia que puede afectar a un funcionario, es una Policía totalitaria que actúa en la ilegalidad. En el caso de Puerto Rico, esto se une a un estado perenne de impunidad que reina en la Uniformada pues no existe un cuerpo independiente de supervisión con mecanismos de investigación y rendición de cuentas. Esto, más la complejidad de llevar a cabo reclamos civiles en Puerto Rico tras la aprobación de PROMESA y del plan de ajuste de la deuda, ha dejado a la ciudadanía en un estado de precariedad y vulnerabilidad en el que prácticamente no puede ejercer sus derechos fundamentales ni obtener remedios por violaciones de derechos civiles.
En este contexto, en el que llevamos años perdiendo derechos, en depresión económica y austeridad, crisis sociales y de cambio climático, atravesando huracanes, terremotos, negligencia crasa del Estado, actos de corrupción y pandemia, el derecho a protestar se vuelve cada vez más esencial para que la gente reclame los cambios urgentes que requieren para su país y sus vidas.
Hacemos un llamado a que el gobierno de Puerto Rico cese y desista de violentar el derecho a la libertad de expresión y a la protesta. Es necesario encaminar un proceso confiable e independiente de rendición de cuentas en todas sus policías, incluyendo la Municipal de San Juan, por ésta y todas las violaciones a la libertad de expresión en que ha incurrido ese cuerpo durante los últimos años. Tanto Brigada Legal Solidaria como Kilómetro Cero han documentado estas violaciones extensamente. En el sitio web Evidencialaviolencia.org se puede acceder a una base de datos, historias y testimonios sobre intervenciones violentas o discriminatorias de parte de la Policía incluyendo las violaciones al derecho a la protesta de los últimos años.