Denuncian intimidación con arma policial en residencial Manuel A. Pérez
Kilómetro Cero entrevistó a dos testigos sobre una intervención de policías municipales de San Juan en el residencial Manuel A. Pérez en el mes de abril de 2022.
Ese día, una patrulla de la Policía municipal pasó dos veces por una de las calles del residencial. Un policía se bajó y le dio un puño a un joven que estaba compartiendo con unos amigos en el lugar. Al ver esto, otras personas salieron a defender al joven y hubo una agresión al policía.
Los muchachos se fueron y una mujer policía que acompañaba al oficial que le dió el puño al joven, llamó a otros agentes que llegaron y estacionaron sus vehículos obstruyendo el tránsito de la comunidad. Una vecina llegó en su vehículo y pidió paso por la calle.
La persona testigo narró:
“Cuando la muchacha dice que tiene que subir y no tiene paso, la mujer policía le sale de atrás pa’lante, le grita ‘muévete, da la vuelta’. La muchacha vuelve a bajar al carro y entonces la policía le grita ‘qué tú miras, acaba y muévete antes que te dé un ticket por los cristales pintados’. Ahí la muchacha se baja y le contesta: ‘¿Qué fue lo que dijiste? ¿Por qué tú estás molestando (por no decir la palabrota) tanto si yo no te he hecho nada?’”
La persona señaló que, luego de este incidente, “han pasado dos situaciones que policías vienen a macanear” y nos relató sobre una de esas situaciones:
“Ellos entran a provocar. Llegan a ver quién tiene la suerte. Ayer [4/mayo/2022] en la cancha [los policías] cogieron a un nene por el cuello, porque ellos [los policías] entran aquí a intimidar. Entran a darles a los jóvenes y a ‘tirarles la pulla’. Se paran a decirles cosas, dan la vuelta y, si los ven cuando regresan, ahí se forman situaciones. Ya está bueno el maltrato. Aquí vive gente buena”.
Denunció que este trato policial es frecuente: “los guardias vienen a abusar todos los días. Ellos entran a provocar, a dar golpes, y son los municipales. Abren portones y carros solo porque se ven sospechosos, entran como Pedro por su casa, sin orden del Tribunal. No podemos permitir que nos sigan maltratando. Con todos los chavos que tienen, ¿por qué no hacen programas de prevención o les dan a estos jóvenes otras herramientas? Porque es más fácil darnos golpes y sacarnos pistolas”.
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En Kilómetro Cero denunciamos el patrón de abuso policial en contra de las personas que viven en esta comunidad históricamente criminalizada y violentada. El trabajo de la Policía NO es intimidar ni amenazar, mucho menos haciendo uso del arma que el Estado le provee para defender la vida en situaciones de peligro inminente. Es inadmisible que policías, municipales o estatales, utilicen su arma de reglamento para como amenaza a personas que no representan riesgos ni peligros para nadie. Es preocupante el patrón de oficiales de seguridad pública que operan de esta forma en contra de la ciudadanía desarmada, ya sea durante una intervención de tránsito regular, durante una intervención por alegado vandalismo, o, como este caso, por una petición de conversar con un oficial.
Usted puede leer la entrevista completa presionando AQUÍ.
Puerto Rico necesita una Policía profesional, cuyas acciones cumplan con los parámetros constitucionales, con perspectiva de derechos humanos y que sirva solo en los ámbitos estrictamente necesarios de la seguridad pública. También requiere de mecanismos independientes, confiables y transparentes de rendición de cuentas que aseguren la confiabilidad en este servicio público.
Por eso abogamos por:
Investigaciones administrativas y criminales independientes sobre toda conducta delictiva de parte de agentes a cargo de la seguridad pública. La ciudadanía debe tener un lugar independiente y confiable donde presentar sus querellas contra la Uniformada. Esas investigaciones deben llevarse a cabo a través de una entidad autónoma desvinculada de la Policía, con amplia participación ciudadana y peritaje técnico, como ocurre en cientos de ciudades y países en todo el mundo. Las investigaciones criminales deben ser efectuadas por una fiscalía especializada en delitos de funcionario/as de seguridad pública o una División de Derechos Civiles como la que existió en el pasado en el Departamento de Justicia.
Que se presenten cargos criminales a los agentes que abusan de la fuerza, violan las políticas constitucionales de la agencia, ejecutan castigos ilegales contra la ciudadanía y exhiben negligencia crasa en el desempeño de sus funciones.
NO MÁS VIOLENCIA E IMPUNIDAD POLICIAL CONTRA LAS PERSONAS QUE VIVEN EN RESIDENCIALES PÚBLICOS Y COMUNIDADES MARGINADAS.
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