La violencia de Estado es violencia machista. NO más IMPUNIDAD policial
¡Las mujeres trabajadoras exigimos un trato digno y NO más impunidad policial!
Por varios años, nuestra sección Cuéntame, donde monitoreamos y documentamos las muertes por uso de fuerza policial en Puerto Rico, ha estado compuesta mayoritariamente por casos de hombres. Hoy 8 de marzo de 2022, Día de las Mujeres Trabajadoras, nuestro sistema de monitoreo refleja que, este año, todas las personas que han muerto por uso de fuerza policial en Puerto Rico han sido mujeres:
Mujer sin identificar que murió en un accidente provocado por una persecución vehicular de alguaciles federales (enero 2022 apróx.)
Nelly J. Díaz Baez, policía que se suicidó. (16 de enero de 2022)
Damaris Soto Sánchez, policía que sufría depresión y se suicidó. Su pareja expresó que la carga de trabajo le estaba afectando. (17 de enero de 2022)
Brenda Liz Pérez Bahamonde, policía asesinada por su ex-pareja el también policía José Rivera Velázquez (27 enero 2022)
La violencia laboral, que en nuestro archipiélago se ha recrudecido con las llamadas medidas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal, también se manifiesta en las vidas de las mujeres y sigue siendo un reclamo necesario todos los días, pero principalmente en esta fecha. Es importante resaltar que dos de los 4 casos de muertes por uso de fuerza policial de este año han sido dos mujeres policías que se suicidaron en enero de 2022. La pareja de Damaris Soto, policía que se suicidó en enero de este año, expresó en una entrevista de prensa que la presión laboral le estaba afectando. La salud mental en nuestro país es un problema que crece sin soluciones reales que atiendan la emergencia.
A pesar de que se firmó el Estado de emergencia por Violencia de Género en 2021 y, aún con una supuesta Reforma de la Policía desde el año 2013, la violencia machista en la Policía de Puerto Rico sigue siendo un asunto de extrema urgencia pero absolutamente ignorado por el Estado. Según el penúltimo informe del monitor federal de la Policía, de julio de 2021, meses después de haberse declarado el Estado de Emergencia, la agencia todavía no había entregado evidencia al Monitor de un plan de trabajo sobre cómo atendería esa declaración de Emergencia. En el último informe del monitor federal, presentado al Tribunal en diciembre de 2021, tampoco se menciona que la Policía haya cumplido con esta entrega.
Lo que sí dice ese último informe es que el Negociado de la Policía está es amplio incumplimiento de sus responsabilidades en las áreas de violencia de género y agresiones sexuales. Según el monitor, “una revisión de los expedientes de este período encontró carpetas y formularios inconsistentes. Los archivos desorganizados y al azar, la profundidad de detalle en los casos es inconsistente, así como las técnicas de entrevistas, algunas escritas a mano por la víctima y otras transcritas por el oficial.
No se observó un seguimiento de la evidencia cuando la víctima declaró haber sido acosada. Incluso cuando la víctima compartía delitos adicionales, no había seguimiento. El caso se investigaba solo sobre los elementos que se informaron. Si la víctima no cooperaba con el oficial y no expresaba querer presentar cargos, el caso se cerraba de inmediato y no se realizaba ningún seguimiento.
Las técnicas de entrevista utilizadas por la NPPR en este tipo de casos también necesitan un enfoque centrado en la víctima. Esto incluye ayudar a la víctima con el apoyo de una intercesora. Si la NPPR está realizando este elemento en el proceso de investigación, no se indica en el expediente del caso. La capacitación sobre cómo entrevistar a la víctima, sospechoso(s) y testigos no se envió al Monitor para su revisión”.
Sobre las investigaciones de violencia de género contra policías, el funcionario federal dice que no se realizaron siguiendo las normas y procedimientos previamente establecidos. Además, a los propios policías no se les adiestró sobre cuál es la política oficial institucional sobre cómo investigar profesional y efectivamente las querellas de violencia de género. Tampoco la Policía ha podido evidenciar haber ofrecido los adiestramientos de manejo de violencia doméstica.
Estas revelaciones resultan en una contradicción insostenible con la política pública del gobierno de Puerto Rico tras la declaración de un estado de emergencia por violencia de género.
El manejo de los casos de violencia de género es un asunto urgente y así lo saben las autoridades, al menos desde 2011, cuando se publicó la investigación del Departamento de Justicia federal contra la Policía de Puerto Rico. En aquel momento, uno de los más serios hallazgos era la forma como la Policía manejaba los casos de violencia doméstica y agresiones sexuales.
En la Policía hay un grave problema de impunidad entre oficiales que son agresores de sus parejas mujeres.
El asesinato de la agente Brenda Pérez Bahamonde, por su ex pareja, el también policía José Rivera Velázquez, en enero 2021 es el 4to feminicidio íntimo perpetrado por un policía que hemos documentado desde 2018.
Desde el año 2018, el propio equipo del ex monitor de la Policía, Arnaldo Claudio, había sugerido un problema de impunidad entre oficiales que son agresores de sus parejas mujeres. En el año 2017, por ejemplo, con 99 querellas por violencia doméstica contra policías estatales, ninguno de los casos resultó en convicción, mientras que el 14% de las denuncias de violencia doméstica en la población general resultan en condenas, según estableció entonces el monitor en su informe de 2018.
Tan recientemente como en enero de 2021, esta problemática volvió a discutirse en los medios de comunicación y la propia portavoz de la Policía admite que no hay convicciones de violencia doméstica entre policías. Véase historia principal de esta edición de El Vocero.
Ya que los casos de feminicidios íntimos suelen tener un historial previo de violencia de género, hay que señalar las 67 querellas de violencia de género contra policías presentadas en 2021. Esta cifra implica, en promedio, que en cada semana se presentaron una o dos querellas de violencia de género contra policías, solamente en la uniformada estatal.
No hay más documentación pública que revele qué se ha hecho en la reforma de la Policía para abordar este evidente problema de impunidad. Precisamente, es la cultura de impunidad, la ausencia de mecanismos robustos de rendición de cuentas, de consecuencias y reparaciones lo que permite e incluso incentiva los abusos policiales, incluyendo los feminicidios íntimos.
Lo que revela el monitor federal en su informe y la realidad que viven miles de mujeres a diario cuando se deciden a denunciar a sus agresores resulta en una contradicción insostenible con la política pública del gobierno de Puerto Rico tras la declaración de un estado de emergencia por violencia de género.
El manejo de los casos de violencia de género desde la Policía es un asunto urgente y así lo saben las autoridades desde que se publicó la investigación del Departamento de Justicia federal sobre la Policía de Puerto Rico. En aquel momento, uno de los más serios hallazgos era la forma como la Policía manejaba los casos de violencia doméstica y agresiones sexuales. Han pasado más de diez años desde la publicación de esa investigación y todavía tenemos una Policía machista, abusadora, patriarcal, que victimiza doblemente a las mujeres y protege sus delitos de violencia de género descansando sobre la certeza de que su poder no será trastocado.
No hay excusas. Hoy más que nunca hay que salir a la calle a exigir trato digno y profesional a las sobrevivientes de violencia de género, eficiencia en las investigaciones, rendición de cuentas, investigaciones administrativas y criminales independientes sobre toda conducta delictiva de parte de agentes a cargo de la seguridad pública, erradicación de la cultura de impunidad entre policías y supervisión estricta en la ejecución de políticas internas.
Porque creemos que el Estado tiene la responsabilidad de proteger la vida humana, las libertades y la dignidad de todas las personas, principalmente aquellas en situaciones de vulnerabilidad seguimos reclamando: ¡No más violencia de Estado! ¡No más violencia machista! ¡Vida digna para las mujeres trabajadoras!
#LaOtraPandemia #AgitayYTransforma #OtraSeguridadPública
