Nuestro reconocimiento a la Policía por remover sumariamente a agente García Esquilín

Queremos reconocer que por fin la Policía actuó de manera adecuada en el caso de agresión sexual por el que se acusa al policía Ernesto García Esquilín, al removerle sumariamente de sus funciones en el servicio público. Esta acción nos da esperanzas y la interpretamos como un indicio de que nuestro trabajo y el de otras organizaciones ciudadanas que abogan por la equidad y la protección de las mujeres y nuestros derechos está dando resultados.

Según explica el informe de novedades de la Policía, el pasado 10 de febrero, luego de detener a una mujer por una infracción de tránsito, García Esquilín la persiguió hasta su residencia en Luquillo. Allí le obstruyó la salida con su vehículo oficial, entró a su casa por la fuerza y le mostró sus genitales.

Destacamos que la respuesta oficial de Antonio López Figueroa, comisionado de la Policía, publicada el viernes 11 de febrero, dista mucho de las declaraciones que realizó el día antes el teniente Joaquín de la Cruz Santiago, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo. En entrevista de prensa, de la Cruz alegó que “aquí no hubo agresión sexual”, sino que se trataba de un caso de “actos lascivos”, en un intento evidente de minimizar el delito. “En (un caso de) agresión sexual puede haber hasta penetración o algún tipo de roce, y en el acto lascivo solamente es el intentar o tocar partes del cuerpo no deseadas por la víctima”, declaró de la Cruz en entrevista de prensa. 

Perseguir a una mujer, entrar por la fuerza a su propiedad y exponer los genitales sin su consentimiento es una agresión sexual y, por tanto, un acto intolerable de violencia de género. Esto, sumado al rol de poder y representación del Estado que ostenta la Policía en nuestra sociedad, se convierte en una acción de violencia de Estado, que por lo general es aún más traumática para las víctimas. ¿Por qué? Porque la relación de poder, que ya es muy desigual entre un hombre y una mujer, lo es aún más entre un policía y una ciudadana y, por tanto, genera más temores e incertidumbres.

Cabe destacar que, según las fuentes policiales, en la casa de la mujer agredida había cámaras que grabaron la agresión. Entendemos que esto ha sido un asunto clave en la determinación final de la agencia. Además, es importante reconocer que esta fue una intervención extremadamente violenta e intimidante que, según la prensa, tuvo como resultado que la mujer tuviese que ir al hospital tras una crisis emocional como resultado a esta agresión. 

A García Esquilín se le presentaron cargos por restricción a la libertad, actos lascivos, escalamiento y exposiciones deshonestas, se determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $450,000. Además se expidió una orden de protección a la mujer agredida. La vista preliminar fue pautada para el 23 de febrero. El agente fue desarmado según los protocolos y se ocupó su uniforme. Finalmente, el viernes el Comisionado anunció su suspensión sumaria. 

Reconocemos la importancia de la grabación de este delito y el valor del reclamo que más adelante presentó la víctima. Sabemos que se requiere de gran valentía para identificar a un agresor y, peor aún, en un rol de poder como es el caso de la Policía.  

Queremos destacar la urgencia de que se erradiquen este tipo de conductas violentas, machistas e inaceptables en espacios de servicio público pero muy particularmente en la Policía, que es la agencia donde se supone que las mujeres denuncien estas agresiones. Es realmente aterrador pensar en tener que ir a la Policía a denunciar una agresión sexual, con la posibilidad de que quienes tomen tu querella sean agresores o que no tengan el adiestramiento para lidiar con un caso de este tipo. La falta de adiestramientos lo ha denunciado el monitor federal de la Policía en su último informe de diciembre de 2021. Ha sido claro al expresar que la Policía no ha producido evidencia de que ha ofrecido los adiestramientos para el manejo de casos de violencia doméstica y agresiones sexuales. Además, el monitor registró errores consecutivos en todas las etapas de los casos de agresión sexual y violencia doméstica: desde entrevistas mal hechas hasta procesos completos que no están centrados en la víctima. 

En este caso, como en los demás en donde la Policía ejerce abuso de poder continuamos exigiendo:

Que la Policía de PR aplique sus políticas de manejo de manera adecuada y consistente en todos sus procedimientos. 

Investigaciones administrativas y criminales independientes sobre toda conducta delictiva de parte de agentes a cargo de la seguridad pública. 

Que se presenten cargos criminales a los agentes que abusan de la fuerza, violan las políticas constitucionales de la agencia, ejecutan castigos ilegales contra la ciudadanía y exhiben negligencia crasa en el desempeño de sus funciones.

Procesos rigurosos de supervisión del uso de fuerza en la Policía de Puerto Rico a nivel interno.

Transparencia absoluta y acceso a la información.