Cuando el agresor es policía, el sistema lo protege
Kilómetro Cero subraya la importancia de garantizar mecanismos para la rendición de cuentas en la Policía de Puerto Rico
Los policías y sus líderes gremiales son una parte central del sistema legal criminal. Nada más por ser parte de ese sistema, tienen unas protecciones que son prácticamente naturales al sistema. Para evitar la comisión de abusos, excesos y la impunidad de estos funcionarios, es crucial que las agencias públicas del sistema legal criminal cuenten con mecanismos robustos y las salvaguardas necesarias de rendición de cuentas. Así se puede garantizar que, si un policía comete un abuso o un crimen como es la violencia doméstica, el sistema al que pertenece no lo proteja y le dé una ventaja por encima del resto de la ciudadanía.
¿Por qué decimos que el sistema protege a los policías?
Porque el sistema legal criminal necesita de la Policía para su funcionamiento. Cuando la persona agresora es un agente de ese cuerpo, esta persona ya de por sí tiene muchas ventajas que actúan a su favor. Por ejemplo:
La decisión del fiscal de proceder contra un agresor policial depende en gran medida de la cooperación, informes, investigación y recopilación de pruebas de la propia Policía.
Los oficiales a cargo a menudo asumen un código de silencio e inacción que protege al policía acusado.
Conoce los refugios para víctimas de violencia doméstica.
Los vínculos entre la Policía y otras agencias pueden limitar la intervención.
Fiscales o jueces pueden estar reacios a creer que un oficial es un abusador pues a los oficiales se les suele ver como funcionarios preocupados por la seguridad pública.
En el caso de la violencia doméstica u otras violencias de género, el entrenamiento policial puede reforzar las tácticas de maltrato. La capacitación especializada en investigación, vigilancia y uso de la fuerza acentúan las dinámicas de control en policías agresores haciéndoles más peligrosos. Algunos de los abusos más comunes registrados en casos en donde el agresor es integrante de un cuerpo de la Policía son aplicar estrategias de poder y control a sus relaciones íntimas, pues el abuso no solo podría ser físico, sino también podría implicar aislamiento, interrogatorios, vigilancia, fabricación de casos y/o uso de armas. Todo eso incide en lograr que los casos no lleguen a término.
Está más que comprobado que ni en la Policía ni en el sistema legal criminal existen los controles para garantizar la rendición de cuentas y la justicia, no solo en casos de violencia doméstica sino en todo crimen perpetrado por agentes. El último informe del monitor federal de la Policía revela que, de una muestra analizada por la oficina del monitor, ni uno solo de los oficiales había recibido adiestramiento en violencia doméstica que involucra a personal policial.
Desde el año 2018, el propio equipo del ex monitor de la Policía, Arnaldo Claudio, había sugerido un problema de impunidad entre oficiales que son agresores de sus parejas mujeres. En el año 2017, por ejemplo, con 99 querellas por violencia doméstica contra policías estatales, ninguno de los casos resultó en convicción, mientras que el 14% de las denuncias de violencia doméstica en la población general resultan en condenas, según estableció entonces el monitor en su informe de 2018.
Tan recientemente como en enero de 2022, esta problemática volvió a discutirse en los medios de comunicación y la propia portavoz de la Policía admite que no hay convicciones de violencia doméstica entre policías. Véase la historia principal de esta edición de El Vocero.
Ya que los casos de feminicidios íntimos suelen tener un historial previo de violencia de género, hay que señalar las 67 querellas de violencia de género contra policías presentadas en 2021. Esta cifra implica, en promedio, que en cada semana se presentaron una o dos querellas de violencia de género contra policías, solamente en la uniformada estatal.
No hay más documentación pública que revele qué se ha hecho en la reforma de la Policía para abordar este evidente problema de impunidad. Precisamente, es la cultura de impunidad, la ausencia de mecanismos robustos de rendición de cuentas, de consecuencias y reparaciones lo que permite e incluso incentiva los abusos policiales, incluyendo los crímenes de género o la violencia doméstica específicamente.
En el caso del feminicidio-suicidio perpetrado por el líder gremial de los policías, Diego Figueroa, aunque este no era policía activo, es imperativo que se revele su expediente de querellas administrativas. Los feminicidios son la culminación de la violencia de género. La violencia doméstica puede abordarse a tiempo si la institución toma medidas de rendición de cuentas; garantiza que los delitos y abusos de los agentes policiales tengan consecuencias legales, disciplinarias y económicas; erradica la cultura de impunidad y asume su responsabilidad.
“Independientemente de si Iraida Hornedo Camacho había presentado o no una querella en contra de Diego Figueroa, lo verdaderamente revelador es el expediente completo de esta persona dentro de la Policía”, dijo Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero. “Si la agencia, cuando pudo, no actuó para que su historial violento tuviera consecuencias, de nada vale hoy la supuesta ‘sensibilidad’ con que prometen manejar este caso. Sabemos que su paso por la Policía fue en un momento en que no había ni el más mínimo mecanismo de rendición de cuentas. El problema es que esta persona siguió asumiendo liderato dentro de la Policía, en la opinión y hasta en la política pública del país por vía del gremio que dirigió y, lamentablemente, hoy día, tras cientos de millones de dólares invertidos en una supuesta reforma, tampoco hay mecanismos confiables y efectivos para combatir la impunidad”.
El manejo de los casos de violencia de género desde la Policía es un asunto urgente y así lo saben las autoridades desde que se publicó la investigación del Departamento de Justicia federal sobre la Policía de Puerto Rico. En aquel momento, uno de los más serios hallazgos era la forma como la Policía manejaba los casos de violencia doméstica y agresiones sexuales. Han pasado más de diez años desde la publicación de esa investigación y todavía tenemos una Policía machista, abusadora, patriarcal, que victimiza doblemente a las mujeres y protege sus delitos de violencia de género descansando sobre la certeza de que su poder no será trastocado.
No hay excusas. Hoy más que nunca hay que exigir trato digno, justo y confiable a las sobrevivientes de violencia de género, eficiencia en las investigaciones, rendición de cuentas, investigaciones administrativas y criminales independientes sobre toda conducta delictiva de parte de agentes a cargo de la seguridad pública, erradicación de la cultura de impunidad entre policías y supervisión estricta en la ejecución de políticas internas. La vida de miles de mujeres depende de ello todos los días.
Porque creemos que el Estado tiene la responsabilidad de proteger la vida humana, las libertades y la dignidad de todas las personas, principalmente aquellas en situaciones de vulnerabilidad seguimos reclamando: ¡No más violencia de Estado! ¡No más violencia machista! ¡No más impunidad policial!
#LaOtraPandemia #AgitayYTransforma #OtraSeguridadPública
