¿Por qué la Policía mata a tantos jóvenes de grupos empobrecidos?
Hoy la Policía de Puerto Rico anunció la segunda muerte de un ciudadano por uso de fuerza policial en el último mes. Esto después de mantener escondidas las muertes por uso de fuerza policial durante todo 2021. Cuando un policía mata a un ciudadano, está ejerciendo la fuerza a nombre del Estado. Por eso, sus acciones en ese uso de fuerza tienen que seguir los protocolos más rigurosos y estrictos. El uso de fuerza siempre tiene que tener un objetivo legal, tiene que ser proporcional a la fuerza, resistencia o amenaza que ejerce la otra persona, tiene que ser escalonada y razonable. El uso de fuerza letal solo se justifica cuando existe un peligro inminente contra la vida de una persona.
Cada uso de fuerza que provoca la muerte de un ciudadano tiene que ser estrictamente supervisado e investigado para garantizar que ese oficial público no ejerció la fuerza o el poder de forma abusiva, excesiva o arbitraria.
También es igualmente importante analizar otros elementos en torno a la muerte de una persona a manos del Estado.
Por ejemplo: ¿quién es la persona a la que la Policía mató? ¿Portaba un arma de fuego? De al menos 25 personas que la Policía ha matado en Puerto Rico desde el año 2019, 15 no portaban armas de fuego.
¿Era una persona joven? De esos mismos 25, al menos 13 han sido menores de 25 años. Se ha estimado que el hombre que la Policía mató hoy tiene entre 25 y 30 años. ¿Por qué tantos jóvenes son víctimas fatales de la Policía?
¿Tenía la persona alguna condición de salud mental o atravesaba una crisis emocional? Estas personas requieren de protocolos aún más estrictos y especializados de parte de los agentes de ley y orden.
¿A qué grupo socioeconómico y racial correspondía esta persona? ¿Pertenecía a grupos particularmente vulnerables como, por ejemplo, comunidades empobrecidas? ¿Era negra o de ascendencia afrocaribeña? En Kilómetro Cero no hemos podido identificar a ninguna víctima del uso de fuerza de la Policía que provenga de un grupo socioeconómico privilegiado. Los datos preliminares de nuestro último análisis (aún sin publicar) sugieren que vivir en un barrio pobre de Puerto Rico aumenta en un 50% el riesgo de muerte por el uso de la fuerza por parte de la policía. Hay que preguntarse por qué la inmensa mayoría de estas víctimas son personas de grupos empobrecidos o racialmente marginalizados.
Esto es importante porque la Policía no utiliza la fuerza de igual forma contra todo el mundo. La usa de forma discriminatoria, según sus prejuicios de clase, de raza, de género y procedencia nacional. Esto pone a las personas de grupos marginados en posiciones aún más vulnerables ante el uso de fuerza policial. No es justo.
Sobre el caso específico de hoy, el segundo en menos de un mes, exigimos conocer el nombre de la víctima, si estaba atravesando una crisis emocional, quiénes y cuántos fueron los o las agentes que estuvieron presentes en la escena. ¿Por qué mataron a ese hombre? La Policía TIENE que estar adiestrada para intervenir con personas sin matarlas, incluso personas armadas.
¿QUÉ SOLUCIONES PROPONEMOS?
Puerto Rico necesita una Policía profesional, cuyas acciones cumplan con los parámetros constitucionales, con perspectiva de derechos humanos y que sirva solo en los ámbitos estrictamente necesarios de la seguridad pública. También requiere de mecanismos independientes, confiables y transparentes de rendición de cuentas que aseguren la confiabilidad en este servicio público. Es urgente fomentar la transparencia en sus procesos, facilitar y asegurar el acceso a la información pública y comprometerse a erradicar las fallas sistémicas que permiten e incentivan las conductas delictivas entre sus oficiales. Toda instancia en que un/a integrante de la Policía enfrenta una sospecha de conducta criminal, negligente o cuando mata a una persona en cumplimiento de sus funciones, tiene que ser investigada por un ente externo e independiente, no por la misma policía. Si la investigación demuestra culpabilidad en la acusación, el Estado tiene que presentar cargos y procesar a esta persona, como a cualquier otra. De lo contrario, se incentiva la impunidad.
POR ESO ABOGAMOS POR:
Investigaciones administrativas y criminales independientes sobre toda conducta delictiva de parte de agentes a cargo de la seguridad pública. Las investigaciones administrativas deben llevarse a cabo a través de una entidad autónoma desvinculada de la Policía, con amplia participación ciudadana y peritaje técnico, como ocurre en cientos de ciudades y países en todo el mundo. Las investigaciones criminales deben ser efectuadas por una fiscalía especializada en delitos de funcionario/as de seguridad pública o una División de Derechos Civiles como la que existió en el pasado en el Departamento de Justicia.
Que se presenten cargos criminales a los agentes que abusan de la fuerza, violan las políticas constitucionales de la agencia, ejecutan castigos ilegales contra la ciudadanía y exhiben negligencia crasa en el desempeño de sus funciones.
Legislación que regule el uso de fuerza de los agentes de la seguridad pública.
Procesos rigurosos de supervisión del uso de fuerza en la Policía de Puerto Rico a nivel interno.
Transparencia absoluta y acceso a la información.
Creación de un sistema de respuesta de emergencias (911) que NO envuelva automática y exclusivamente a la Policía para atender casos de grupos vulnerables como son las personas con la salud mental comprometida, habitantes de calle, asuntos de la niñez, entre otros. Esta respuesta debe envolver a especialistas en trabajo social y profesionales de la salud. En Kilómetro Cero abogamos por desplazar recursos económicos de la Policía hacia este sistema de respuesta social.
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Kilómetro Cero es una organización sin fines de lucro. Aspira a un Puerto Rico donde el Estado proteja la vida humana, las libertades y la dignidad en la búsqueda de la seguridad pública, para una sociedad más democrática y justa.
