DECIMOS SU NOMBRE: Benjamín Omar Cotto
El entrenador de Benjamín Omar Cotto, así como sus compañeros en el deporte de la lucha olímpica, dicen que era un muchacho trabajador, cooperador y un excelente compañero de equipo. “Tenía una disciplina de trabajo que pocos a su edad”, dice el hombre, todavía incrédulo ante lo ocurrido.
Benjamín, un estudiante y atleta de 25 años, fue la víctima en el caso más reciente de muerte por uso de fuerza policial. El agente Milton Morales Cintrón, de la Policía Municipal de San Juan, lo mató cuando supuestamente intentaba abrir el portón de entrada de un negocio en el Viejo San Juan. El joven recibió cuatro heridas de bala en el cuerpo. Aunque inicialmente se dijo que el policía había recibido dos heridas en el cuello con un cuchillo, el director del CIC confirmó que el policía solo tenía una laceración. Tres días después, los medios informaban que el objeto que alegadamente llevaba el joven no era un cuchillo sino un punzón.
DESDE 2018, LAS POLICIAS HAN MATADO AL MENOS A 33 PERSONAS
El Negociado de la Policía de Puerto Rico tiene un largo historial de violaciones de derechos civiles y abuso sistémico contra la ciudadanía. A pesar de que el Tribunal Federal de Estados Unidos en 2013 le aplicó una reforma a raíz de encontrar un patrón de violaciones a los derechos civiles, los cuerpos policiales en el País continúan interviniendo violentamente contra la ciudadanía.
Desde 2018, al menos 33 personas han muerto por uso de fuerza policial en Puerto Rico o bajo custodia de la Policía. Hasta el momento, no se han presentado cargos criminales contra policías en ninguno de los casos, ya que cada vez que la policía mata a una persona, el gobierno lo justifica como “legítima defensa” y fiscalía no presenta cargos.
En Kilómetro Cero llevamos un monitoreo de estos casos para propósitos de análisis y abogacía pública.
Es evidente que en nuestro país existe una cultura de impunidad ante el abuso policiaco. En una sociedad que aspira a llamarse democrática, esto es inaceptable.
¿QUÉ SOLUCIONES PROPONEMOS?
Puerto Rico necesita una Policía profesional, cuyas acciones cumplan con los parámetros constitucionales, con perspectiva de derechos humanos y que sirva solo en los ámbitos estrictamente necesarios de la seguridad pública. También requiere de mecanismos independientes, confiables y transparentes de rendición de cuentas que aseguren la confiabilidad en este servicio público. Es urgente fomentar la transparencia en sus procesos, facilitar y asegurar el acceso a la información pública y comprometerse a erradicar las fallas sistémicas que permiten e incentivan las conductas delictivas entre sus oficiales. Toda instancia en que un/a integrante de la Policía enfrenta una sospecha de conducta criminal, negligente o cuando mata a una persona en cumplimiento de sus funciones, tiene que ser investigada por un ente externo e independiente, no por la misma policía. Si la investigación demuestra culpabilidad en la acusación, el Estado tiene que presentar cargos y procesar a esta persona, como a cualquier otra. De lo contrario, se incentiva la impunidad.
POR ESO ABOGAMOS POR:
Investigaciones administrativas y criminales independientes sobre toda conducta delictiva de parte de agentes a cargo de la seguridad pública. Las investigaciones administrativas deben llevarse a cabo a través de una entidad autónoma desvinculada de la Policía, con amplia participación ciudadana y peritaje técnico, como ocurre en cientos de ciudades y países en todo el mundo. Las investigaciones criminales deben ser efectuadas por una fiscalía especializada en delitos de funcionario/as de seguridad pública o una División de Derechos Civiles como la que existió en el pasado en el Departamento de Justicia.
Que se presenten cargos criminales a los agentes que abusan de la fuerza, violan las políticas constitucionales de la agencia, ejecutan castigos ilegales contra la ciudadanía y exhiben negligencia crasa en el desempeño de sus funciones.
Legislación que regule el uso de fuerza de los agentes de la seguridad pública.
Procesos rigurosos de supervisión del uso de fuerza en la Policía de Puerto Rico a nivel interno.
Transparencia absoluta y acceso a la información.
Creación de un sistema de respuesta de emergencias (911) que NO envuelva automática y exclusivamente a la Policía para atender casos de grupos vulnerables como son las personas con la salud mental comprometida, habitantes de calle, asuntos de la niñez, entre otros. Esta respuesta debe envolver a especialistas en trabajo social y profesionales de la salud. En Kilómetro Cero abogamos por desplazar recursos económicos de la Policía hacia este sistema de respuesta social.
Comparte este mensaje en tus redes y súmate a los reclamos de #MásProtecciónMenosRepresión #AgitaYTransforma #DefensaPropiaOEjecucionExtrajudicial #MásValeMañaQueFuerza
Kilómetro Cero es una organización sin fines de lucro. Aspira a un Puerto Rico donde el Estado proteja la vida humana, las libertades y la dignidad en la búsqueda de la seguridad pública, para una sociedad más democrática y justa.