¿Qué dice el informe del monitor federal sobre el 1 de mayo de 2018?
Aquí un resumen comentado de Kilómetro 0 sobre el informe publicado el viernes 9 de noviembre, 2018:
Al igual que en 2017, al 1 de mayo de 2018, NINGÚN MIEMBRO de la Policía de Puerto Rico había sido adiestrado en la política 600-625 de Control de Multitudes, que rige eventos como son las manifestaciones y que está vigente desde el año 2016. ¿Por qué nadie ha sido adiestrado? Esto NO es aceptable. La libertad de expresión es un derecho fundamental, la violación de este derecho fue una de las causas primordiales para imponer una reforma de la Policía en Puerto Rico. A 5 años de la firma del Acuerdo para una Reforma Sostenible de la Policía, el hecho de que no hayan policías adiestrados en la orden general 600-625 de Control de Multitudes es una ofensa mayor a las aspiraciones democráticas del pueblo de Puerto Rico y una gran negligencia de los responsables de la Policía.
La corte federal protege a los oficiales de la Policía al no poner los nombres de los agentes entrevistados e investigados en el informe. Esto supone un gran impedimento para la rendición de cuentas a la ciudadanía. Como ciudadanía, tenemos derecho a saber quiénes son los funcionarios públicos que violan los derechos de la gente y le fallan al País. Esos son los mismos que están a cargo de otras tareas similares e igualmente importantes para toda la ciudadanía. Queremos saber quiénes son los abusadores, los que violentan derechos y actúan de forma negligente contra la gente que ejerce su derecho a la libertad de expresión.
En el informe se admite que la Policía protegía la Milla de Oro y por eso no permitía que la marcha continuara. "La Policía no tenía intención de permitir el paso de los manifestantes al área del Banco Popular".
El informe confirma que la Policía no emitió órdenes de dispersión, no advirtió sobre las "violaciones" que estaban cometiendo algunos manifestantes ni les advirtieron de que usarían agentes químicos incumpliendo con la política de manejo de multitudes 600-625, al igual que el año pasado.
"La policía actuó con total desprecio de su política de gestión de multitudes 625 y de las recomendaciones del informe del año pasado".
"El uso de agentes químicos creó una situación caótica y peligrosa para cientos de manifestantes, cuya mayoría no estaba ejerciendo la violencia y no representaba un peligro inmediato".
Cuando la Policía usó gas para "dispersar", "todo el mundo se afectó".
Este año, la Policía volvió a cometer muchos de los mismos errores que cometió en 2017, que se habían señalado en la investigación de entonces y para los cuales se habían emitido recomendaciones.
Los informes y documentación de uso de fuerza del 1 de mayo 2018 fueron "gravemente inadecuados".
La Policía solo llenó 4 informes a pesar de la gran cantidad de fuerza ejercida ese día, según evidenciado en los visuales.
Ninguno de los informes provee información sobre los eventos y arrestos en Santa Rita, Río Piedras.
"Al leer las 4 informes provistos, una persona prudente jamás pensaría que en esos incidentes hubo uso de fuerza. Esto es completamente inaceptable", dice el informe.
Al momento de la entrega del informe del monitor, la Policía anunció que tenía 12 informes de uso de fuerza adicionales sobre el 1 de mayo 2018. No se analizaron para este informe por haberse entregado muy tarde.
Según el monitor, durante la marcha del 1 de mayo hubo 3 incidentes en los cuales "claramente se utilizó fuerza excesiva":
1. Vendedor de agua que recibió 9 balas de goma en la espalda. La Policía de Puerto Rico alega que la agresión pudo haber sido de un policía privado.
El tipo de munición utilizada contra el vendedor de refrescos no está permitida para usarse contra personas, según admitió un supervisor de la unidad SWAT. “Y en caso de que los disparos no los hubiese hecho la Policía sino algún guardia de seguridad privado, la Policía es responsable porque habría permitido que una compañía de seguridad privada se involucrara en una acción para la cual no estaba autorizada”.
2. El caso de una ciudadana a quien rociaron con gas pimienta de forma abusiva cuando, evidentemente, ella no suponía amenaza alguna para los agentes.
3. El caso de un periodista de Metro que fue golpeado por un agente sin justificación alguna.
Había dos comandantes de incidentes el 1 de mayo. Algunos pensaban que era uno y otros pensaban que era otro. "Esta multiplicidad de comandantes es muy detrimental para cualquier operativo de cumplimiento de la ley".
El plan operacional no decía en ninguna parte que habría un bloqueo de la Policía en Ponce de León con Roosevelt (LIberty) a pesar de que esa y otras decisiones se tomaron antes de la actividad. "Esto derrota uno de los principales propósitos de un plan de trabajo, que es, precisamente, definir las acciones a tomar y explicar a todos los oficiales, previo al evento, qué se espera de ellos".
El hecho de que solo 8 de los 19 arrestados hayan sido acusados de algún delito y que en 1 de esos 8 casos ya un Juez haya declarado un No Causa, "puede crear dudas sobre si esos 11 que no fueron acusados fueron arrestados sin evidencia suficiente de haber cometido delito".
Por segundo año consecutivo, el monitor recomienda que se cumpla con exigir a los manifestantes avisar a la Policía 36 horas antes acerca de cualquier protesta. En Kilómetro 0 censuramos esa recomendación y nuestro mensaje al monitor y al gobierno federal es: "NO va a ocurrir. En este país la gente decide cómo, cuándo y dónde protesta. Tener que pedirle permiso al agresor histórico de los manifestantes (la Policía) para ejercer el derecho de libertad de expresión, además de absurdo y autoritario, sería otra provocación más y causaría aún más confrontaciones. Además, parte de la efectividad de muchas protestas es, precisamente, que sean sorpresivas o incluso espontáneas. Seríamos los primeros en desafiar esa recomendación".
Nos satisface tener más detalles sobre lo que ocurrió el 1 de mayo de 2018 Pero lamentamos que este informe no concluya con medidas específicas de rendición de cuentas a tomar con la Policía de Puerto Rico. ¿Qué consecuencias tendrán el incumplimiento y las violaciones que se corroboran en este informe?
¿Qué va a hacer el gobierno federal en Puerto Rico, encargado de "reformar" a la Policía, para que las violaciones cometidas por la Uniformada tengan consecuencias?
Si la corte, como es su costumbre, no hace nada al respecto, entonces volvería a decirles a los niños y niñas, a las ancianas, a las mujeres y hombres que salieron a ejercer sus derechos y fueron atacados ilegalmente por la Policía con uso de fuerza excesiva incluyendo agentes químicos, que eso no importa, que continúen sus vidas como si nada hubiese pasado; que la Policía de PR puede hacer lo que quiera con usted y con la Constitución.
A todos los arrestados, a los que agredieron, a los que no permitieron ver a un abogado/a, a los que mantuvieron durante días encerrados en una celda sin radicación de cargos, a los que la Policía arrestó y luego tuvo que admitir que no sabía por qué los estaba arrestando, a esos y esas: ¿qué les dirá el Tribunal? ¿Que para ellos y ellas no hay Primera Enmienda, no hay Constituciones que valgan, no hay derechos ni remedios ni reparaciones? ¿Lo que hay es represión, agresión y violencia de Estado? No lo aceptamos. Exigimos que las acciones ilegales de la Policía tengan consecuencias a nivel institucional.
¿Qué vamos a hacer?
-Esta semana estaremos enviando un resumen de las violaciones a la libertad de expresión en 2018 en Puerto Rico a Edison Lanza, relator de Libertad de expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDDHH), así como a organizaciones internacionales de derechos humanos. Este es un esfuerzo multisectorial junto a otras organizaciones que anunciaremos próximamente.
-Insistiremos en la defensa de nuestros derechos, levantar aún más nuestras voces junto a la tuya, documentar minuciosamente las ilegalidades de la Policía, denunciarlas en otros foros, seguir protestando y apoyando a quienes lo hacen, exigir rendición de cuentas, transparencia, procesos democráticos y altamente regulados cuando se trate del uso de fuerza del Estado contra la gente. Seguiremos aspirando a otro país y aumentando nuestras expectativas de cómo debemos ejercer nuestros derechos.
