La Policía no responde si el “Capitán Rivera” es el mismo agresor en dos eventos de protesta en Viejo San Juan
El 8 de agosto Kilómetro Cero envió una comunicación al Comisionado Antonio López Figueroa de la Policía de Puerto Rico solicitando que confirmara si el “Capitán Rivera”, quien el 6 de agosto de 2021 agredió a un joven habitante de la calle, frente a la Fortaleza en Viejo San Juan, es el mismo oficial que el 25 de noviembre de 2018 agredió con una macana a manifestantes convocadas por la Colectiva Feminista en Construcción, también frente a Fortaleza.
En esta comunicación solicitamos un informe por escrito que incluyera:
el nombre completo del Capitán Rivera,
cuántas y qué tipo de querellas administrativas tiene en su expediente como empleado de la Policía.
el saldo de cada una de esas investigaciones administrativas y qué sanciones o medidas disciplinarias se impusieron al oficial en su momento.
El jueves 12 de agosto recibimos una respuesta del Comisionado, donde nos comunica que debido a que el incidente está bajo investigación, su reglamento les impide divulgar información alguna sobre este caso.
Agradecemos la pronta respuesta del Comisionado López Figueroa. Sin embargo, la información que solicitamos no es acerca de la investigación de los hechos de agresión del 6 de agosto, que es el evento bajo investigación. La agresión del 25 de noviembre de 2018 debe haberse investigado hace mucho tiempo. Tampoco estamos solicitando información sobre la investigación en sí. Lo único que solicitamos es información básica sobre la identidad de un funcionario público que está obligado a rendir cuentas al pueblo de Puerto Rico porque a este sirve. ¿Por qué no quieren decir si el supuesto “Capitán Rivera” es el mismo agresor de la Colectiva Feminista? Tenemos derecho a saber qué oficiales de la Policía no tienen la capacidad de interactuar con el público sin violencia. Tenemos derecho a saber qué otras querellas acumuladas tiene este oficial y qué se ha hecho en el pasado para disciplinarlo.
Puerto Rico necesita una Policía profesional, cuyas acciones cumplan con los parámetros constitucionales. También requiere de mecanismos independientes, confiables y transparentes de rendición de cuentas que aseguren la confiabilidad en este servicio público. Es urgente fomentar la transparencia en sus procesos, facilitar y asegurar el acceso a la información pública y comprometerse a erradicar las fallas sistémicas que permiten e incentivan las conductas delictivas entre sus oficiales.
¡Tenemos derecho a saber quiénes son nuestros agresores!
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