"Es deshumanizante": Km0 relata a la ONU ausencia de rendición de cuentas y reparaciones para víctimas de violencia de Estado en PR
Expresiones de Kilómetro Cero en el panel de Rendición de cuentas y reparaciones durante la Consulta de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU con la sociedad civil: en vista de la preparación del Informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en virtud de la Resolución 43/1 del Consejo de Derechos Humanos (BAJAR PARA VERSIÓN EN ESPAÑOL). Mira aquí
Good evening. We thank the UN Human Rights Office for the opportunity to bring to the High Commissioner's attention the situation of impunity regarding Police violence and racism in Puerto Rico, a colony of the United States with a 3.5 million population, a country with a unique Caribbean culture, where the language spoken is Spanish, and where a great part of our population is brown and Afro Caribbean.
In the last five years, due to extreme austerity measures imposed by the US Congress PROMESA Law, and also after experiencing consecutive crises after Hurricanes, a series of earthquakes and more recently the COVID pandemic, the situation of impunity of state violence has become even more precarious.
Of at least 23 people that the Police have killed in Puerto Rico since 2019:
14 did NOT carry firearms
3 were going through mental health crisis
11 were 25 years or younger
All of them belonged to impoverished or vulnerable communities, and poverty in our country is inextricably linked with brown or Afro Caribbean ancestry.
Not even one of these officers have been presented with criminal charges and neither has been expelled or even suspended from the Police Bureau.
Contrary to the United States, in Puerto Rico there are NO external independent entities that supervise or investigate excessive actions of the Police. The Police investigate itself and People must complain against police officers in the Police Bureau, which does not offer a fair, reliable and neutral process.
The Civil Rights Division at the Department of Justice has been dismantled in the last decade and there is no specialized prosecution division to investigate cases of officer-involved killings or excessive use of force. First line district prosecutors usually investigate these cases. Oftentimes, families of people killed by Police tell us that prosecutors act as if they were the officer’s defense attorneys.
Civil judicial claims against the State have been extraordinarily limited with the approval of the PROMESA bill, even being suspended for a time period as this bill protects the State against plaintiffs who seek financial compensation.
Potential Civil Rights violation plaintiffs in PR must also comply with a 90 day term notification of claim which has proven exhausting and very hard to comply with for victims of police violence who usually have not yet consulted with a lawyer 90 days after their traumatic incident.
These and other restrictions have disincentivized most private lawyers from even pursuing these cases. On the other hand, the extreme austerity measures have reduced and even eliminated access to justice or pro bono law projects destined for impoverished communities. We at Km0 experience every day the hardships, frustrations, and impotence that victims of police abuse or the families of those killed by Police officers encounter in order to seek answers, reparations, and a minimum promise of systemic change.
As we all watched the Police response to George Floyd’s protests in the United States last year, we Puerto Ricans definitely related. Because that’s how violent the Police normally acts everytime we have mass protests: even children and elderly are tear gassed, people are fired rubber-coated metal bullets from shotguns at close range, they are hit with clubs, massively arrested without cause, put in unmarked cars, threatened to death by police officers and no disciplinary actions are taken against these agents.
We ask that Puerto Rico be included when the High Commissioner visits the United States, as we have neither representation in the US Congress that holds political power over our country, nor sovereign representation in international forums.
State violence victims in PR are in a dehumanizing, unsustainable situation, with no real options of reparations under the political rule of a country that takes such great pride in its democratic values.
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Buenas tardes. Agradecemos a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU por la oportunidad de llamar a la atención del Alto Comisionado la situación particular de impunidad con respecto a la violencia policial y el racismo en Puerto Rico, una colonia de Estados Unidos con una población de 3,5 millones, un país de cultura caribeña donde el idioma que se habla es el español, y donde gran parte de nuestra población es marrón y afrocaribeña.
En los últimos cinco años, debido a las extremas medidas de austeridad impuestas por la Ley PROMESA del Congreso de Estados Unidos, y también luego de experimentar las crisis consecutivas de huracanes, una serie de terremotos y más recientemente la pandemia del COVID-19, la situación de impunidad de la violencia del Estado se ha vuelto aún más precaria.
De al menos 23 personas que la Policía ha matado en Puerto Rico desde 2019:
14 NO portaban armas de fuego
3 estaban pasando por una crisis de salud mental
11 tenían 25 años o menos
Todos estas personas pertenecían a comunidades empobrecidas o vulnerables, y la pobreza en nuestro país está directamente ligada a la ascendencia afro caribeña.
Ni siquiera a uno de estos oficiales se les ha presentado cargos criminales ni ha sido expulsado o incluso suspendido del Negociado de la Policía.
A diferencia de Estados Unidos, en Puerto Rico NO existen entidades externas independientes que supervisen o investiguen las acciones excesivas de la Policía. La Policía se investiga a sí misma y la gente debe denunciar a los agentes en el propio Negociado de la Policía, que no ofrece un proceso justo, confiable ni neutral.
La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia ha sido desmantelada en la última década y no existe una fiscalía especializada para investigar casos de homicidios o uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de ley y orden. Los fiscales de distrito de primera línea suelen investigar estos casos. A menudo, las familias de las personas asesinadas por la Policía nos dicen que los fiscales actúan como si fueran los abogados defensores del oficial.
Los reclamos judiciales civiles contra el Estado han sido extraordinariamente limitados con la aprobación del proyecto de ley PROMESA, incluso siendo suspendidos por un período de tiempo ya que esta ley protege al Estado contra demandantes que buscan una compensación económica.
Los demandantes potenciales de violación de los derechos civiles en PR también deben cumplir con un plazo de 90 días de notificación de reclamo que ha demostrado ser agotador y muy difícil de cumplir para las víctimas de violencia policial, que generalmente aún no han consultado con un abogado 90 días después de su incidente traumático.
Estas y otras restricciones han desincentivado a la mayoría de los abogados privados de incluso llevar adelante estos casos. Por otro lado, las medidas de austeridad han reducido e incluso eliminado el acceso a la justicia o proyectos de ley pro bono destinados a comunidades empobrecidas. En Kilómetro Cero vivimos todos los días las penurias, frustraciones e impotencia que enfrentan las víctimas de abusos policiales o los familiares de los asesinados por policías para buscar respuestas, reparaciones y una mínima promesa de cambio sistémico.
Mientras observábamos la respuesta de la Policía a las protestas por el asesinato de George Floyd en Estados Unidos el año pasado, aquí en Puerto Rico definitivamente nos identificamos profundamente. ¿Por qué? Porque así de violenta suele ser la respuesta policial cada vez que tenemos protestas masivas: incluso a niños y ancianos se les lanza gases lacrimógenos, a la gente se le dispara a quemarropa con escopetas de balas de metal recubiertas de goma, se les golpea con macanas, se les arresta masivamente sin causa, se les coloca en vehículos sin identificación, se les amenaza de muerte y no se toman medidas disciplinarias contra estos agentes.
Solicitamos que se incluya a Puerto Rico cuando la Alta Comisionada visite Estados Unidos, ya que no tenemos representación en el Congreso de Estados Unidos que tiene poder político sobre nuestro país, ni representación soberana en foros internacionales.
Las víctimas de la violencia de Estado en Puerto Rico se encuentran en una situación deshumanizante e insostenible, sin opciones reales de reparación bajo el dominio político de un país que tanto se vanagloria de sus valores democráticos.